Detectan 1.475 establecimientos turísticos no registrados para abonar la ecotasa
Antoni Costa: "Nuestro objetivo es asegurar que todo el mundo cumpla con las mismas obligaciones y que los recursos recaudados se destinen al bienestar de todos los ciudadanos"
Marina J. Ramos | Mallorca, 28 de Septiembre de 2025 | 13:41h
El Govern balear ha dado un paso más en el control sobre el alquiler turístico en el archipiélago. En este marco, se han tramitado 1.475 requerimientos a establecimientos que constan dados de alta en los registros turísticos de los consells insulares, es decir, que disponen de licencia turística, pero que no aparecían inscritos en el censo del impuesto sobre estancias turísticas.
De este total, 570 establecimientos ya se han dado de alta de forma voluntaria en el censo. En aquellos casos en los que no se acredite debidamente la no comercialización de la actividad, la Administración procederá a su alta de oficio, garantizando así la equidad fiscal entre todos los operadores.
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VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS DATOS DECLARADOS
Una vez formalizado el alta en el censo, se lleva a cabo un proceso de verificación de la fecha de inicio de la actividad declarada por los titulares y se contrasta con la que figura en los registros de los consells insulares. En caso de divergencias, se ajusta la fecha a la que conste oficialmente en el registro insular, se comunica la modificación a la parte interesada y, posteriormente, se efectúan las liquidaciones del impuesto con efectos retroactivos. Esta actuación tiene como objetivo garantizar que la información disponible sea precisa, homogénea y coordinada entre las distintas administraciones, y asegurar una correcta aplicación de la normativa tributaria vigente.
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
El pasado 18 de septiembre de 2023, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, anunció la junta con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ambas instituciones cruzarían datos para mejorar la gestión del alquiler turístico.
Cabe recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en una sentencia de 27 de abril de 2022 que las empresas intermediarias están obligadas a facilitar la información tributaria a Hacienda, para controlar los arrendamientos y la recaudación de los impuestos correspondientes del alquiler de los alojamientos turísticos.
"Este es un paso al frente para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre todos los establecimientos turísticos. Nuestro objetivo es asegurar que todo el mundo cumpla con las mismas obligaciones y que los recursos recaudados se destinen al bienestar de todos los ciudadanos de las Islas Baleares", ha afirmado el vicepresidente Costa.
