El Consejo General de la Abogacía muestra preocupación por los incidentes en las pulseras antimaltrato

El Consejo General de la Abogacía ha expresado este lunes su preocupación por los incidentes detectados en las pulseras de control de agresores y ha demandado una solución urgente para evitar riesgos a las víctimas y restaurar la confianza en un sistema que "hasta ahora viene funcionando". "No cabe un mínimo fallo en este asunto", advierte.

El Consejo General de la Abogacía se ha referido así a la crisis de las pulseras de control de agresores en un comunicado en el que recuerda los datos hechos públicos por la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024, según los cuales "se trata de posibles quebrantamientos de zonas de exclusión (...) que no solo ponen en riesgo la vida de la víctima, sino que pueden alterar la causa criminal al haberse perdido datos de los registros de esos dispositivos electrónicos".

La incidencia, detectada tras el cambio de empresa en la gestión del servicio (de Telefónica a Vodafone, recuerda el comunicado), derivó "en un vacío de datos de varios meses" y conllevó "gran cantidad de sobreseimientos, provisionales y fallos absolutorios", señala la Abogacía.

Ante esta situación, el presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía, Fernando Rodríguez, afirma que las pulseras "son clave en la protección de las víctimas" y subraya que la confianza en esta red institucional es fundamental y "no cabe un mínimo fallo en este asunto".

La Abogacía considera que el buen funcionamiento de estas pulseras es trascendente para garantizar la protección real de las víctimas y también "su tranquilidad y la confianza en un sistema que, hasta ahora, viene funcionando".

También insiste en que la seguridad de las víctimas de maltrato "no debe depender solo de las pulseras telemáticas, sino también del acceso cercano a la justicia".

En este sentido recuerda que la concentración de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer prevista en la nueva ley de eficiencia de la justicia "podría abrir la puerta a la centralización del conocimiento de asuntos de violencia contra la mujer, lo que obligaría a las víctimas a desplazarse muchos kilómetros en momentos de especial vulnerabilidad".