¿Es legal que me cobren más por pagar con tarjeta?

Cada vez es más habitual escuchar a clientes que, al ir a pagar en una tienda o en un bar, se encuentran con una sorpresa: el precio sube si se usa la tarjeta en lugar del efectivo. Aunque muchos consumidores lo aceptan sin saberlo, la realidad es que esta práctica está prohibida en España y en toda la Unión Europea desde hace años.

El 13 de enero de 2018 entró en vigor la Directiva de Servicios de Pago (PSD2, 2015/2366/UE). Esta norma impide a los comercios cobrar un suplemento por pagar con tarjeta de crédito o débito. El precio de un producto o servicio debe ser el mismo, independientemente del método de pago elegido, tal y como explican fuentes especializadas.

En el caso español, el Ministerio de Consumo ha recordado en repetidas ocasiones que imponer este tipo de cargos adicionales constituye una infracción administrativa. En su documento oficial “Cargos adicionales al pago con tarjeta” se establece que el cliente no puede ser penalizado por elegir pagar con tarjeta.

EXCEPCIONES Y MATICES

La prohibición se aplica a las tarjetas más comunes, como Visa y Mastercard. Sin embargo, algunas tarjetas de empresa o ciertos sistemas de pago internacionales no están cubiertos por la PSD2, y en esos casos el comercio podría aplicar un coste adicional siempre que lo informe de forma clara antes de la compra.

Existe otro matiz importante: los comercios sí pueden establecer un importe mínimo para aceptar pagos con tarjeta. Según el Banco de España, esta práctica es legal siempre que esté claramente anunciada en el local, por ejemplo con un cartel visible. No se trata de un recargo, sino de una condición de uso que busca compensar las comisiones que soportan los establecimientos.

En caso de que un comercio aplique un recargo indebido, el consumidor puede reclamar. Para ello, debe solicitar la hoja de reclamaciones, conservar pruebas como el ticket de compra o fotografías del cartel, y presentar una denuncia en la oficina de consumo de su comunidad autónoma. Esta práctica puede derivar en sanciones económicas para el establecimiento.

Aunque la normativa es clara, todavía se dan casos en los que los clientes se enfrentan a recargos al pagar con tarjeta. La falta de información y la costumbre de aceptar estas condiciones hacen que muchos consumidores no reclamen. Sin embargo, la legislación europea y española protege su derecho a pagar con tarjeta sin que se les cobre más por ello.

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