El Gobierno descarta cambios legales para impedir que el profesor condenado por acoso en Mallorca siga ejerciendo

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha alegado que el Gobierno de España no contempla cambios legislativos para evitar que el profesor condenado por acoso a un exalumno Miquel Roldán pueda ejercer.

Según ha expuesto Vera, el pasado febrero remitió cartas a los ministerios de Juventud e Infancia, Educación y Formación Profesional, Hacienda y Función Pública y de Trabajo y Economía Social para exponer la situación y solicitar cambios en la ley.

No obstante, tras ser preguntado por la cuestión este jueves en una rueda de prensa, el conseller ha señalado que solo han recibido respuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y que no contempla los cambios reclamados.

Concretamente, la Conselleria de Educación solicitó una ampliación de los delitos que recoge la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para delimitar los requisitos para el acceso a profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con menores.

En su respuesta, el Ministerio que dirige Pilar Alegría asegura compartir la "gravedad" del asunto y entender la inquietud en la comunidad educativa y las familias.

Así, apunta que la sentencia no contempla una pena de inhabilitación para ejercer profesiones con menores y, en consecuencia, la legislación vigente "no permite adoptar medidas que impidan al docente continuar con su actividad profesional en este momento".

No obstante, el Ministerio se compromete a estudiar "con el máximo rigor" este tipo de situaciones, priorizando la protección de los alumnos menores de edad.

LA CONSELLERIA NO TIENE POTESTAD PARA INHABILITARLO

El conseller ha remarcado que la Conselleria "no tiene potestad" para inhabilitar al docente y que "lo único que puede hacer" es implantar medidas preventivas, del mismo modo que se hizo el curso anterior en otro centro.

Así, ha recordado que el docente condenado siempre está acompañado por otro profesor en el aula, que no tiene tareas de tutoría y que Inspección Educativa hace una visita en el centro cada dos días.

Igualmente, Vera ha señalado que cuando salió la sentencia la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitó al juez la inhabilitación para la tarea docente, pero fue denegada.

Por otro lado, ante la preocupación de las familias, la Conselleria activó la mesa paritaria de prevención de riesgos laborales en la que se debatió el caso concreto y no se obtuvo la mayoría absoluta necesaria para actuar.

"Estamos con las manos atadas porque si de un lado la mesa paritaria no nos da apoyo y, por otro, a nivel judicial nos dicen que no podemos inhabilitar, nosotros no tenemos más armas", ha expuesto el conseller.