La factura de la luz de agosto ha sido la más cara desde 2022
El sistema marginalista y la falta de información sobre los descuentos del bono social centran las críticas
cronicabalear.es | Mallorca, 02 de Septiembre de 2025 | 18:41h
La asociación Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la factura de la luz del usuario medio con tarifa semirregulada (PVPC) alcanzó en agosto los 80,71 euros, lo que lo convierte en el “agosto más caro desde 2022”.
El análisis de Facua refleja un aumento interanual del 3,2%, ya que en agosto de 2024 la factura se situó en 78,21 euros. El balance de los últimos años muestra una fuerte oscilación: 78,21 euros en 2024, 73,21 euros en 2023, 158,30 euros en 2022, 93,10 euros en 2021 y 63,77 euros en 2020.
En comparación con julio de 2025, el recibo ha descendido ligeramente: 51 céntimos menos, lo que equivale a una bajada del 0,6% respecto a los 81,22 euros del mes anterior. Pese a este descenso, julio se mantiene como el mes más caro desde febrero de 2025, cuando la factura alcanzó los 95,7 euros para un usuario medio.
Facua define este perfil estándar como el de un consumidor con 4,4 kW de potencia contratada y un consumo de 366 kWh mensuales.
PRECIOS POR FRANJAS HORARIAS
Desde enero, el kilovatio de potencia contratada se paga a 14,14 euros al mes. En agosto, el precio medio del kWh se situó en 24,36 céntimos en horario punta, 15,85 céntimos en horario llano y 15,57 céntimos en horario valle.
En comparación con agosto de 2024, la electricidad subió un 4,1% en horas punta y un 4,4% en horas valle, mientras que en el llano bajó un 9,7%. Estas cifras incluyen el 27,19% de impuestos indirectos.
Facua recuerda que el IVA de la electricidad volvió al 21% en enero y que el impuesto especial sobre la electricidad se sitúa en el 5,11% desde julio de 2024.
CRÍTICAS AL SISTEMA DE TARIFAS
La organización insiste en la necesidad de modificar el sistema de fijación de precios para evitar que las fuentes de energía más costosas sigan inflando la tarifa PVPC. Desde 2021, reclama que la nuclear y la hidroeléctrica queden fuera de la subasta marginalista diaria y pasen a fijarse a precios regulados a largo plazo por el Gobierno.
Según Facua, este cambio permitiría eliminar los llamados “beneficios caídos del cielo” de estas tecnologías, generados por el actual diseño marginalista, donde el precio lo marca la oferta más cara necesaria para cubrir la demanda de cada hora.
EL PAPEL DEL GOBIERNO Y EL BONO SOCIAL
Más allá de criticar los beneficios desproporcionados de las grandes eléctricas, Facua lamenta la falta de campañas del Ministerio para la Transición Ecológica para dar a conocer el bono social de electricidad.
La asociación asegura que la mayoría de los hogares que podrían solicitar el descuento no lo hacen por desconocimiento o porque creen que no cumplen los requisitos. A su juicio, el Gobierno “continúa sin impulsar campañas potentes de publicidad institucional” que informen de este derecho.
Otro de los puntos destacados por Facua es la necesidad de que los consumidores ajusten la potencia contratada en sus viviendas. Según sus cálculos, cada año los hogares pagan alrededor de 1.000 millones de euros de más por tener kilovatios innecesarios en sus contratos. Un análisis de la asociación, basado en el Panel de Hogares de la CNMC correspondiente al segundo semestre de 2024, revela que siete de cada diez viviendas tienen contratada más potencia de la que realmente necesitan.
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