Cómo funciona la legislación del juego en España en comparación al resto de los países de Europa

Cuando uno empieza a indagar en profundidad en el sector del juego, es fácil perderse por la gran contradicción que existe por los cambios permanentes. Se trata de un complejo mosaico de normativas nacionales a los que se suman algunas regulaciones autonómicas. Lejos de existir un marco unificado, cada país de Europa ha desarrollado su propio modelo en función de su cultura, sus prioridades económicas y su enfoque sobre la protección del consumidor. Esta diversidad crea un entorno complejo para las empresas operadoras y los jugadores que deben enfrentarse a realidades muy distintas a solo un clic o un vuelo de distancia. El objetivo de estas legislaciones suele ser triple: proteger a los jugadores, prevenir el fraude y el blanqueo de capitales, y asegurar una fuente de ingresos fiscales para el Estado.

En el caso de España, el juego se ha consolidado como uno de los mercados regulados más importantes y maduros del continente desde la aprobación de su Ley en 2011. Su modelo combina un control estatal centralizado para el juego online con competencias transferidas a las comunidades autónomas para el juego presencial y las posibilidades de ofertas de código promocional sin depósito. Esta dualidad, junto con recientes y estrictas reformas en materia de publicidad y la creación de atractivos polos fiscales como el de Ceuta, sitúa a España en una posición única. Analizar cómo se compara este sistema con los de otras potencias europeas como Malta, el Reino Unido, Italia o Suecia permite entender las diferentes filosofías que rigen una de las industrias más potentes del entretenimiento digital.

EL MOSAICO DE NORMAS ESPAÑOL

La regulación del juego en España se caracteriza por su estructura dual. A nivel nacional, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, es la autoridad encargada de otorgar las licencias para operar en el canal online en todo el territorio. La Ley 13/2011 sentó las bases para un mercado seguro y competitivo, exigiendo a los operadores el cumplimiento de rigurosos estándares técnicos, legales y de juego responsable. Este marco ha sido modificado en los últimos años, destacando el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de 2020, que introdujo severas restricciones a la publicidad, prohibiendo los bonos de captación y limitando los anuncios a un horario de madrugada.

Por otro lado, la gestión del juego presencial (casinos, bingos, salones de juego) es competencia exclusiva de las 17 comunidades autónomas, lo que genera una notable diversidad de normas. Sin embargo, la gran particularidad del modelo español reside en el régimen fiscal especial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Con el objetivo de atraer a empresas del sector tras el Brexit, Ceuta ha establecido un marco fiscal altamente competitivo. Las empresas de juego online allí radicadas se benefician de un tipo impositivo sobre los ingresos brutos de solo el 10%, frente al 20% del régimen general, además de importantes bonificaciones en el Impuesto de Sociedades y en las cuotas a la Seguridad Social. Esto ha convertido a la ciudad en un próspero hub tecnológico que ya acoge a decenas de operadores de renombre internacional.

MALTA: EL GRAN EPICENTRO DEL JUEGO EUROPEO

Si hay un país sinónimo de la industria del iGaming en Europa, ese es Malta. Esta pequeña isla mediterránea fue pionera en la regulación del juego online, creando en 2001 la Malta Gaming Authority (MGA). Desde entonces, se ha consolidado como el principal centro neurálgico para cientos de empresas del sector, que operan en todo el mundo gracias a su prestigiosa licencia. El modelo maltés está diseñado para ser un ecosistema atractivo para las empresas: un proceso de licenciamiento claro y eficiente, un régimen fiscal favorable y un profundo conocimiento del sector por parte de las autoridades y los proveedores de servicios locales.

REINO UNIDO: UNO DE LOS MERCADOS MÁS MADURAS

El Reino Unido posee uno de los mercados de juego más antiguos y maduros del mundo, regulado por la UK Gambling Commission (UKGC), una de las autoridades más respetadas a nivel global. Su marco normativo, establecido en la Gambling Act de 2005 y actualizado constantemente, pone un énfasis extremo en la protección del consumidor y el juego responsable. La filosofía británica se basa en la premisa de que el juego debe ser justo, abierto y libre de crimen.

ITALIA: LAS REGLAS DE UN GIGANTE DEL MEDITARRÁNEO

Italia representa el mayor mercado de juego regulado de Europa en términos de volumen de negocio. Su regulación está gestionada por la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), que supervisa un mercado complejo con una larga tradición de loterías y apuestas estatales. Al igual que España, Italia optó por un modelo de licencias nacionales para abrir el sector online a la competencia privada, logrando canalizar una gran parte del juego hacia el mercado legal.

Una de las diferencias más notables con España fue su "Decreto Dignità" de 2018, que implementó una prohibición total y absoluta de toda forma de publicidad y patrocinio del juego, una medida mucho más drástica que las restricciones horarias españolas. No obstante, las autoridades italianas están actualmente debatiendo la posibilidad de flexibilizar esta prohibición, argumentando que ha favorecido al mercado ilegal.

SUECIA: EL MODELO NÓRDICO ENFOCADO EN LA PROTECCIÓN

Suecia reformó su mercado del juego en 2019, poniendo fin a un monopolio estatal y abriendo el sector a operadores privados bajo la estricta supervisión de la Spelinspektionen. El principal objetivo de la ley sueca es la "canalización": dirigir a los jugadores suecos hacia operadores con licencia que cumplan con los más altos estándares de seguridad y responsabilidad. Este enfoque ha convertido a Suecia en uno de los regímenes más protectores para el jugador.