El Gobierno activa el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas esta semana

El reparto de menores inmigrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla comenzará esta semana tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un decreto que fijará el número de plazas de acogida que deberá asumir cada comunidad autónoma.

El mismo martes, el Ejecutivo aprobará además la situación de contingencia migratoria para aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplica su capacidad ordinaria, como es el caso de Canarias y Ceuta. Esto permitirá derivar a los menores atendidos en estas zonas hacia otras comunidades para aliviar la presión.

Se trata de los últimos pasos de un mecanismo de redistribución obligatoria reclamado por Canarias y que se retrasó varios meses por la oposición del PP. Finalmente, tras un acuerdo con Junts, la medida se incluyó en la reforma de la ley de extranjería aprobada por el Gobierno en marzo y refrendada en abril por el Congreso.

El plan prevé la derivación de unos 3.000 menores inmigrantes en el plazo de un año desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia el resto del país. A partir de septiembre, cualquier menor extranjero no acompañado que llegue a territorios tensionados deberá ser trasladado a otras autonomías en un máximo de 15 días.

Para poner en marcha este mecanismo han sido necesarios dos decretos: el del 22 de julio, que estableció el protocolo de traslado, y el que aprobará el Consejo de Ministros el martes, que definirá la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma.

Aunque todo estará listo desde el día 28, el inicio de los traslados no será inmediato, ya que cada derivación requiere un proceso individualizado. En paralelo, el Gobierno ha iniciado también el traslado de un millar de menores solicitantes de asilo a la península, tras la orden del Tribunal Supremo.

CÓMO SE DEFINIRÁ LA REUBICACIÓN ENTRE COMUNIDADES

El decreto del martes determinará la capacidad de acogida de cada autonomía y el número de menores que deberá recibir cada territorio. Para el reparto se tendrán en cuenta parámetros como:

- Población (50%)

- Renta per cápita (13%)

- Tasa de paro (15%)

- Esfuerzo previo (6%)

- Dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%)

- Ciudad fronteriza (2%)

- Insularidad (2%)

- Dispersión (2%)

Con cálculos preliminares realizados en julio —aún sin incluir al millar de menores solicitantes de asilo que debe asumir el Estado—, el Gobierno preveía que las comunidades que más jóvenes recibirían serían Andalucía (677 menores), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571).

Tras ellas se situaban Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Región de Murcia (133), Navarra (118) e Islas Baleares (49).

Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña estarían obligadas a recibir a más menores. No obstante, Cataluña ha anunciado que asumirá como mínimo 31 menores, la misma cifra que en anteriores campañas. Una vez completados los traslados, Cataluña será la comunidad con más jóvenes en su sistema de protección.

100 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR LA ACOGIDA

El reparto contará con una financiación de 100 millones de euros este año. El Ministerio de Juventud e Infancia asumirá los gastos de los traslados y el Estado cubrirá también los costes de acogida durante al menos los tres primeros meses.

Además, se compensará económicamente a los territorios con sobrecapacidad de acogida, como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid.

Según las estimaciones iniciales, Canarias sería la que más recursos recibiría, con 24,2 millones de euros, seguida de Madrid (15,8 millones) y Andalucía (8,8 millones). La Comunidad Valenciana recibiría 7,4 millones, Castilla-La Mancha 4,1 millones, una cifra similar a la de La Rioja (4,1 millones), Galicia (4,1 millones) e Islas Baleares (4 millones).

OPOSICIÓN Y RECURSOS DE VARIAS AUTONOMÍAS

La medida se enfrenta a la oposición de diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional, así como de Castilla-La Mancha, pese a estar gobernada por los socialistas.

Asimismo, la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares han recurrido los decretos más recientes ante el Tribunal Supremo, y el Ejecutivo balear ha solicitado la suspensión cautelar del reparto.

El Gobierno central ha recordado en las últimas horas que, mientras la ley esté en vigor, todas las comunidades autónomas deberán cumplirla.