El juez imputa a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por malversación

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación. Ambas han sido citadas a declarar de nuevo los próximos 10 y 11 de septiembre.

Según adelantó la Cadena SER, el magistrado ha dictado un auto en el que se imputa a Gómez por la contratación de Álvarez. Cabe recordar que el juez ya mantiene abierta una investigación a la mujer del presidente por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

EL AUTO DE LA AUDIENCIA DE MADRID

El juez retoma ahora la causa en base al auto dictado el pasado 12 de junio por la Audiencia de Madrid, que avaló la investigación por malversación. Este procedimiento está vinculado con las supuestas gestiones de la asesora en la cátedra que Begoña Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

El paso se produce después de que el Tribunal Supremo archivase la petición de Peinado para investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Cristina Álvarez.

La Audiencia Provincial, en su resolución, precisó que “la investigación tendrá que centrarse en si Álvarez se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”.

INDICIOS DE MALVERSACIÓN Y TESTIMONIOS

Entre los indicios recogidos por la Audiencia figura la declaración del vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, quien aseguró “tener muchos correos” tanto con Begoña Gómez como con Cristina Álvarez Rodríguez. En su testimonio, el responsable universitario señaló que Álvarez era la persona de confianza de Gómez, ya que siempre la acompañaba en sus visitas a la universidad y era la receptora habitual de los correos electrónicos.

Otro de los elementos que apuntan a un posible exceso en sus funciones es un correo electrónico remitido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros, solicitando la continuidad de la entidad como patrocinadora del máster. Para la Audiencia, esta gestión “parece exceder claramente de sus funciones”.

También se citan “datos indiciarios, suficientes en este momento procesal”, de los que se podría deducir la relación de Gómez con las empresas del Grupo Barrabés, a las que supuestamente habría recurrido. Esto podría suponer, según la resolución, una desviación clara de las funciones que correspondían al personal eventual de la Administración. 

AMISTAD PERSONAL Y PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

La Audiencia también pone de relieve la relación personal entre Gómez y Álvarez, motivo de su designación en un cargo de confianza. Señala que este vínculo pudo servir para poner el puesto al servicio de actividades privadas, lo que habría implicado una desviación de recursos públicos en favor de intereses particulares.

Más allá de los indicios económicos, los magistrados subrayan un aspecto clave: “lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia, como es la Presidencia del Gobierno”.

Por todo ello, la Audiencia de Madrid considera que “procede continuar con la investigación oportuna, en la pieza separada abierta por malversación y derivada de lo contenido en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid”.