Baleares prohíbe el alquiler turístico de embarcaciones privadas

El Consell de Govern ha aprobado este viernes una modificación del decreto del chárter náutico para prohibir expresamente el alquiler turístico de embarcaciones particulares en Baleares. Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico se adelanta a la nueva normativa estatal que permitirá esta práctica a partir de mediados de agosto.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ya había anunciado la medida el pasado martes tras reunirse con representantes del sector náutico. El cambio normativo ha sido confirmado por el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell de Govern.

Baleares prohibirá el alquiler turístico de embarcaciones privadas para frenar la nueva normativa estatal

Baleares aprobará una modificación del decreto del chárter náutico para prohibir el alquiler turístico de...

SE BLOQUEA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ESTATAL

La modificación afecta al decreto autonómico que regula el alquiler de embarcaciones y buques de recreo en Baleares. El objetivo es impedir la aplicación de la nueva norma estatal impulsada por el Ministerio de Transportes, que contempla la posibilidad de que los propietarios de embarcaciones privadas (inscritas en la lista séptima) puedan alquilarlas hasta tres meses al año como si fueran de la lista sexta.

“El PSIB nos dijo que el año que viene se prohibiría y no, el Govern, en su ámbito competencial, ha prohibido el alquiler de lista séptima en Baleares”, ha señalado Costa, en referencia al supuesto “compromiso verbal” de los socialistas con el Gobierno central para dejar fuera al archipiélago a partir de la próxima temporada turística.

Aunque la prohibición del alquiler turístico de embarcaciones privadas es el aspecto más destacado del decreto, el texto incorpora también otras medidas dirigidas a mejorar el control, la sostenibilidad y la seguridad en el sector náutico. Costa ha puesto como ejemplo la nueva exigencia de contar con un amarre en un puerto de Baleares para poder ejercer el chárter, con el argumento de que los clientes no deben embarcar en playas ni desde neumáticas, y que los residuos deben gestionarse en instalaciones portuarias.

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y REGISTRO OBLIGATORIO

A partir de ahora, todas las embarcaciones de alquiler que operen en la costa balear, sin importar su bandera o puerto base, deberán presentar una declaración responsable anual. Este documento implicará cumplir con requisitos técnicos, fiscales, medioambientales y administrativos. Además, se crea un Registro balear de embarcaciones de alquiler, en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas las que quieran operar en el archipiélago.

El decreto incluye un código de buenas prácticas en materia medioambiental y de seguridad. Entre otras cosas, se prohíbe fondear sobre praderas de posidonia, se obliga a informar a los clientes sobre las zonas protegidas y se establecen nuevas exigencias para garantizar la seguridad a bordo y la convivencia con otras actividades marítimas.

También se refuerzan los mecanismos de inspección para prevenir el uso fraudulento de embarcaciones privadas con fines comerciales, en coordinación con las autoridades competentes en marina mercante.

EL GOVERN DEFIENDE QUE LA REGULACIÓN ES COMPETENCIA AUTONÓMICA

El portavoz del Ejecutivo ha defendido que la regulación del chárter náutico entra dentro del ámbito competencial de la comunidad, a pesar de que cuatro miembros del Consell Consultiu emitieron un voto particular cuestionando este punto. La mayoría del órgano, no obstante, respaldó el decreto. “Los servicios jurídicos han analizado la parte competencial y no tenemos ninguna duda de que tenemos competencias para regular el chárter en Baleares. Hemos aprobado el decreto sin ningún tipo de modificación, tal y como estaba previsto”, ha afirmado Costa.

Preguntado por la posibilidad de que el decreto sea recurrido, Costa ha asegurado no tener constancia de ello, aunque ha señalado que si el PSIB lo hiciera, incurriría en una contradicción, dado que ellos mismos habían anunciado un acuerdo verbal con el Ministerio para dejar fuera a Baleares.

En cuanto a la postura del Gobierno central, fuentes de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han explicado que el Ministerio presentó alegaciones al decreto, pero fuera de plazo. Aunque no se incorporaron formalmente, indican que fueron “escuchadas y respondidas”.

“No tenemos constancia de si el Ministerio tiene previsto presentar un recurso o no, pero nosotros tenemos clarísimo que tenemos competencias”, ha afirmado Costa, quien ha añadido: “Si el Ministerio estaba de acuerdo en hacer una excepción el año que viene, tendría que estarlo también para este año. No tenemos ningún miedo a un posible recurso en este sentido”.