Policías y Fiscalía actuarán si las comunidades se niegan a acoger a los menores inmigrantes

Si las comunidades se niegan a acoger a un menor inmigrante no acompañado reubicado desde otro territorio, los profesionales que lo acompañan podrán pedir ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía y entregarán al joven a la entidad de destino. Así lo recoge el decreto de desarrollo del mecanismo para la reubicación de los menores inmigrantes no acompañados que el Gobierno prevé aprobar el próximo martes, 22 de julio, en el Consejo de Ministros, según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. Este extremo ya estaba recogido en el borrador del decreto, que fue sometido a audiencia pública y no ha sufrido cambios sustanciales desde entonces, han confirmado las mismas fuentes.

Es la segunda norma que el Gobierno dicta sobre esta cuestión, después de aprobar el pasado 18 de marzo el real decreto ley que modificó la ley de extranjería para crear este mecanismo y tratar de responder a la situación crítica que vive Canarias, que atiende en sus recursos a unos 5.500 jóvenes que han llegado solos a las islas. Este nuevo modelo, que por primera vez establece la obligatoriedad de que las comunidades se hagan cargo en su conjunto de los jóvenes que llegan a zonas como Canarias, Ceuta o Melilla en función de una serie de criterios como la población o la renta per cápita, ha despertado un gran rechazo de la mayoría de las comunidades.

De hecho, diez gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley aprobado en marzo porque lo consideran "ilegal" y que invade competencias autonómicas, aunque también han precisado en alguna ocasión que, llegado el momento, cumplirán la ley y atenderán a los menores que reciban. El "colofón" -en palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego- de esta oposición fue el "plantón" que todas las comunidades del PP -menos Ceuta y Canarias, donde cogobierna- dieron al Gobierno en la Conferencia Sectorial que debía celebrarse el pasado jueves sobre este asunto y que finalmente no tuvo lugar por falta de quorum.

EL PROTOCOLO PARA LOS TRASLADOS

El real decreto que previsiblemente se aprobará el próximo martes establece el protocolo que habrá de seguirse para los traslados de los jóvenes, que el Ejecutivo prevé comenzar a partir del 28 de agosto. La norma establece la participación en el proceso del Ministerio Fiscal, al que se comunicará la propuesta de traslado del joven y se pedirá informe en el caso de que este no quiera ser reubicado. Dicta que la comunidad de origen será la responsable de los traslados, que serán financiados por el Estado mediante el fondo previsto en el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo, dotado con 100 millones de euros. Y que este lo realizarán profesionales de la entidad pública de origen, que deberán intercambiar información con los de destino sobre la situación de cada niño o adolescente.

El nuevo real decreto señala también que, en caso de que la comunidad se niegue a acoger a los menores, los profesionales que acompañen al joven pueden pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo comunicarán al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino. Y establece que, si el menor no tiene autorización de residencia en España, esta deberá ser tramitada, con carácter preferente, por la Subdelegación del Gobierno correspondiente antes del traslado. Acerca del papel de las fuerzas de seguridad en este proceso, las fuentes ministeriales han aclarado que los detalles tendrán que desarrollarse en grupos de trabajo que se constituirán próximamente con el fin de concretar la legislación.

PRÓXIMAS CITAS EN EL CALENDARIO

A pesar del rechazo de las comunidades autónomas a esta reubicación, el Gobierno continúa con su plan y prevé comenzar con la política de traslados el próximo 28 de agosto. Todo ello después de aprobar otro decreto sobre la capacidad ordinaria de acogida -que incluirá el detalle de cuántos jóvenes deberán trasladarse a cada autonomía- el 26 de agosto y que los territorios que cumplan los requisitos -que la ocupación de sus recursos triplique su capacidad- declaren la contingencia migratoria el día 27.

A partir de entonces, se podrá comenzar a derivar a los chicos, aunque fuentes del Ministerio han precisado que estos traslados se realizarán poco a poco y en ningún caso se llevará a cientos de jóvenes de golpe a ningún territorio. Para los traslados de los alrededor de 3.000 menores que deben salir de los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla para aliviar sus recursos de atención a la infancia el Gobierno ha marcado el plazo de un año. Pero para los chicos que lleguen a zonas ya declaradas en situación de contingencia, como seguramente será Canarias a partir del 27 de agosto, el decreto establece que la derivación deberá llevarse a cabo en 15 días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.