El PSIB advierte que los alquileres de precio limitado podrían llegar a 1.600 euros

El PSIB de Palma ha asegurado que las viviendas a precio limitado que se construirán en suelo municipal tendrán un "alquiler 'premium'", que podría rondar entre los 1.000 y los 1.600 euros mensuales.

La formación ha indicado que estos son los precios que ha calculado la empresa adjudicataria de los únicos dos lotes, en los que se incluye el pago por parte de los arrendatarios del IBI, la tasa de basuras y los gastos de la comunidad (que pueden llegar hasta los 233 euros al mes) además del aparcamiento y el trastero, por lo desde el PSIB apuntan que están "muy alejados" de los entre 600 y 1.000 euros que anunció del alcalde de Palma, Jaime Martínez.

En un comunicado, el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha manifestado que el alcalde "ha vuelto a mentir y a engañar" a la ciudadanía, al prometer una vivienda "teóricamente asequible que se ha demostrado de precio ilimitado". Ducrós ha afirmado que "es el peor contrato posible que se puede tener, el más abusivo y lo promueve el ayuntamiento".

"La estimación que hace la empresa para pisos de un dormitorio es de casi 1.000 euros al mes y, para los de dos, que son la inmensa mayoría, unos 1.200 euros. Para los de tres habitaciones, la cifra sube hasta los 1.400 y 1.600 euros. Todos parten de precios más económicos pero la incorporación de pagos extra hace que suban de forma considerable", ha aseverado.

Por ejemplo, para los pisos de dos habitaciones, se incluyen gastos de comunidad de entre 167 y 169 euros al mes, dependiendo del lote, mientras que para los de tres habitaciones se disparan hasta los entre 198 euros y 233 euros.

OTROS PAGOS QUE NO SE ESPECIFICAN

Unos gastos de comunidad que ha indicado que incorporan gastos de gestión genéricos que "no se especifican" y que "no corresponden ni a la luz, ni al seguro, ni a gastos bancarios, ni al agua, ni al mantenimiento y que suponen 77 euros del total". Además, hay que sumar el aparcamiento y el trastero; el IBI y la tasa de basuras, que se paga mes a mes.

Por estos motivos, el regidor del PSIB ha cuestionado las cifras de negocio que, a su juicio, son "absolutamente desorbitadas". La empresa estima una cifra de negocio de entre 198 y 186 millones, dependiendo del lote, y un beneficio neto, tras descontar los gastos, de entre 89 y 83 millones de euros.

Al ser la adjudicataria de los dos lotes, esto supone 384 millones de cifra de negocio y un beneficio de 172 millones durante los 75 años de la cesión. Supone un beneficio anual de 2,29 millones de euros, 1.150 euros al mes de beneficio, lo que sería casi el precio del alquiler de un piso de dos dormitorios.

"Los beneficios de la empresa, que no existirían si fuese un piso gestionado desde lo público, suponen un incremento del precio del alquiler de 1.150 euros/mes. El coste del alquiler es para garantizar no ya la inversión, si no el beneficio. De la necesidad, el PP fomenta negocio", ha indicado Ducrós.

ACUSAN AL ALCALDE DE "REGALAR SUELO PÚBLICO A PROMOTORES PRIVADOS"

Por otra parte, han reprochado que el alcalde de Palma haya hecho un "plan de negocio" para que "unos pocos ganen mucho a costa de los derechos de la ciudadanía y del territorio". De este modo, le ha acusado de "regalar suelo público a promotores privados" para que "se construyan pisos de precio ilimitado", puesto que son "unos alquileres inasumibles para la inmensa mayoría de la ciudadanía".

En el Plan de gestión de los alquileres, la empresa afirma que: "De esta manera, los inquilinos que acceden a las viviendas de los porfolios gestionados por 'Locare' no superan una tasa de esfuerzo para el pago en torno al 30% de los ingresos del hogar".

Ducrós ha calculado que, en base a esta norma, para acceder a los pisos y en base al sueldo medio de Baleares, que es de 23.134 euros, para un piso de dos dormitorios la unidad familiar tendría que cobrar entre 4.116 y 4.000 euros/mes y, para un piso de tres dormitorios, entre 4.740  y 5.333 euro/mes.

Por todo ello, los socialistas piden que se revierta la licitación y que sea el Govern quien, "de forma directa, construya vivienda pública para garantizar, así, que los precios sean realmente asequibles".