Denuncian que una prueba psicotécnica de casi 60.000 euros pone en riesgo plazas de Policía Local

Más de 90 aspirantes al proceso unificado para acceder a plazas de Policía Local en Baleares han denunciado irregularidades en la prueba psicotécnica, organizada por la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) y externalizada por un importe de 58.887,48 euros, según consta en la documentación oficial. Los denunciantes consideran que la gestión de esta fase ha sido opaca, desigual y alejada de los estándares de transparencia exigibles en un proceso de empleo público.

Según los aspirantes, decenas de candidatos han quedado excluidos del proceso tras ser calificados como “no aptos” en la prueba psicotécnica, a pesar de haber superado las fases teórica y física previas y haber obtenido calificaciones superiores al 5 sobre 10.

Los denunciantes afirman que este resultado se debe a la aplicación de un sistema de corrección por centiles, en el que solo se considera apto a quien alcanza el centil 30 o superior, sin haber sido publicada la equivalencia con una nota bruta concreta ni explicada la forma de cálculo. Según su versión, esto ha generado incertidumbre y falta de claridad en la evaluación.

También sostienen que este año el umbral de aprobado se situó en torno a un 6,8 sobre 10, frente al tradicional 5 utilizado en convocatorias anteriores. Aseguran que esta modificación, no anunciada previamente ni amparada en ningún cambio normativo, ha perjudicado a numerosos opositores que se ajustaron a los criterios habituales.

UNA MUESTRA EXTERNA NO COMUNICADA

De acuerdo con los aspirantes, el corte del centil 30 se calculó a partir de una muestra externa de 858 personas, distinta a los propios participantes en la oposición, seleccionada por la empresa encargada de elaborar el test. Afirman que este dato no fue publicado ni comunicado antes del examen y que el tribunal sí conocía de antemano la conversión entre aciertos y puntuación, algo que ellos no pudieron prever.

En su opinión, la falta de información sobre estos aspectos vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica que rigen el acceso al empleo público.

Los denunciantes también relatan irregularidades concretas en el aula AA23 de la UIB (Palma), donde aseguran que el examen comenzó con 10 minutos de retraso debido a la presencia de tres personas que no figuraban en las listas oficiales de convocados, y que habían sido declaradas “no aptas” en la prueba física anterior. Según su testimonio, estas personas fueron convocadas fuera de los canales oficiales, sin una resolución administrativa pública.

Además, indican que en esa aula se repartió una hoja de respuestas incorrecta, correspondiente a otra prueba, lo que obligó a los aspirantes a improvisar un sistema de correspondencia entre preguntas y respuestas. Sostienen que esto supuso una dificultad añadida no compartida por el resto de aulas, y que no se levantó acta de incidencias porque el personal organizador restó importancia al error.

Los opositores señalan que el porcentaje de “no aptos” en dicha aula fue del 44,26 %, muy superior al registrado en el resto (entre el 13 % y el 23 %), lo que consideran un indicio estadístico de que las condiciones no fueron equivalentes.

 ADVIERTEN QUE TOMARÁN ACCIONES LEGALES

Los denunciantes advierten de que si no se corrigen estas situaciones, podrían quedar decenas de plazas vacantes en distintos municipios de las islas, lo que, según ellos, generaría un perjuicio para los servicios de seguridad local.

Han presentado alegaciones y, en caso de que no se atiendan, afirman que no descartan recurrir a la vía judicial, lo que podría retrasar la incorporación de nuevos agentes.