Desalojan sin incidentes el asentamiento chabolista Can Rova 2 en Ibiza

El asentamiento chabolista Can Rova 2, ubicado en la finca Can Bunets, en el municipio de Santa Eulària (Ibiza), ha sido desalojado y desmantelado este martes sin incidentes en el marco de un operativo policial.

Casi la totalidad de los habitantes del poblado, ubicado junto a la carretera de Sant Antoni, y que según las estimaciones alcanzaba las 300 personas -con menores y embarazadas incluidos-, habían abandonado la finca antes del inicio del desalojo, que empezó a las 9:00 horas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, ha destacado que ha sido un “desalojo pacífico” y que solo quedaban “un par de familias” cuando llegó el dispositivo integrado por 15 agentes de Policía Local, 40 guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) desplazado desde Valencia, el equipo cinológico del Seprona, y agentes de la Guardia de Tráfico y Seguridad Ciudadana de Santa Eulària. También se había activado a los antidisturbios, por orden judicial, aunque no han acudido a la zona porque "al haber sido todo de manera pacífica no hay motivo", ha explicado Roselló.

El desmantelamiento comenzó con el trabajo de los técnicos, que aseguraron que no quedaran instalaciones eléctricas, localizaron las fosas sépticas y confirmaron que todos los habitantes habían salido y que tampoco quedaban animales.

Después, tres retroexcavadoras empezaron a destrozar las infraviviendas a la par del trabajo de los operarios para retirar los residuos. “Durante el día de hoy quedará todo desmantelado”, ha dicho el concejal, que calcula que la retirada de los residuos tardará dos días.

En cuanto a los Servicios Sociales, han recibido solicitudes de ayuda de las familias de 11 niños y de 43 adultos desde que se anunció el desalojo hace una semana, ha explicado Roselló. "Ahora nos han informado que hay personas que han ido a las oficinas de servicios sociales de Puig d’en Valls y por lo tanto reforzaremos el personal para dar un buen servicio", ha anunciado el edil, que ha agregado que primero se les hará una evaluación de vulnerabilidad y después se les prestará la “ayuda que permite la ley”.

Durante el desalojo, algunos de los habitantes se habían quedado por los alrededores de la finca, con sus enseres y maletas, sin saber dónde iban a pasar la noche, según reconocían, al no poder afrontar los desorbitado precios que piden por habitaciones, que pueden llegar a los 800 euros por persona. Otros ya habían retirado sus pertenencias y estaban trabajando en el momento del desalojo.

Una mujer, que prefirió no dar su nombre, ha explicado que había llegado a Ibiza junto a su marido atraídos por los salarios más altos que se pagan en la isla. Primero, se pudieron alojar en una habitación por 1.200 euros, después tuvieron que dejarla y terminaron en Can Rova. Sentada, junto a sus enseres, explicaba que trabaja en una villa de lujo y su marido en la construcción, los dos sin contrato.

Otra mujer, Francisca Ruiz, madre de tres menores, ha indicado que las mujeres con hijos acudirán a Cáritas, donde podrán estar durante un mes. Su marido dormirá en el coche porque la entidad da alojamiento a las mujeres y menores, pero no a los hombres. Ruiz, como otros habitantes del asentamiento, ya pasó por lo mismo el verano pasado, dado que vivía en Can Rova 1, desmantelado a finales de julio de 2024, en un operativo accidentado en el que intervinieron los antidisturbios.

Justo al lado habían creado el asentamiento, Can Rova 2, donde este martes, a primera hora, un letrero advertía: “Terminaron con Can Rova 2, pero no podrán con Can Rova 3”. Roselló ha insistido en que no se permitirá “que la gente viva en estas condiciones de peligrosidad” y ha pedido a quien se plantee trasladarse a Ibiza, que antes se asegure de tener una vivienda.