Denuncian a la alcaldesa de Llucmajor por pagos irregulares a la empresa de basuras

Los partidos Llibertat Llucmajor y S’ULL han presentado una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, y varios regidores del Ayuntamiento por realizar "pagos fuera de contrato" a la empresa de recogida de basuras.

Ambas formaciones tramitaron este miércoles ante la Fiscalía de Baleares una denuncia conjunta, acompañada de más de 30 documentos probatorios, con el objetivo de que se investigue y juzgue a Lascolas por estos pagos realizados en 2025, que, según señalan, se habrían efectuado “sin amparo legal”, tal como ha indicado Llibertat Llucmajor en un comunicado.

INFORMES MUNICIPALES ADVIRTIERON SOBRE LA ILEGALIDAD

Además de a la alcaldesa, la denuncia también se dirige contra otros concejales del gobierno municipal que votaron a favor de los pagos, a pesar de los informes jurídicos del Ayuntamiento que alertaban de una “violación” de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Según la formación local, estos informes han sido “reiterados y constantes” desde que en 2024 la propia alcaldesa manifestó su intención de “pagar las facturas sin amparo legal”. Los servicios jurídicos de Intervención, Secretaría y Contabilidad del Ayuntamiento advirtieron mediante dichos informes que el pago de estas facturas se hacía “sin amparo legal”, con base en la citada ley, y que las responsabilidades contables, administrativas y penales “recaerían en los regidores del Ayuntamiento que voten a favor”.

Desde Llibertat Llucmajor denuncian que, “pese a los reiterados avisos y las propuestas alternativas ofrecidas por la oposición para subsanar la crisis de basuras que sufre el municipio de Llucmajor, la alcaldesa, sin justificación alguna, optó por saltarse la ley sin conseguir mejoras en el servicio”.

REVISIÓN JURÍDICA Y CIFRAS DE LOS PAGOS IMPUGNADOS

Tras una revisión jurídica realizada por expertos, Llibertat Llucmajor y S’ULL consideran que se ha cometido un presunto delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal, que regula la prevaricación por parte de cargos públicos.

“El alcalde sabía perfectamente lo que hacía, porque ya en 2024 estaba avisada por los funcionarios del Ayuntamiento. Eso no la ha detenido para aprobar más de 60.000 euros de facturas ilegales y, para colmo, ha intentado en el último pleno ordinario aprobar otros pagos que superan los 100.000 euros por el mismo concepto sin amparo legal”, ha declarado el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar.

La portavoz de S’ULL, Claudia Fallemann, ha señalado que, pleno tras pleno, han advertido que el Ayuntamiento iba por “un camino muy peligroso” que “atenta contra las arcas públicas” y “no soluciona el problema de las basuras”. “La empresa se beneficia de pagos fuera de contrato, fuera de ley y el servicio es desastroso”, ha concluido.