Bruselas critica que España no tenga una estrategia anticorrupción

La Comisión Europea ha advertido este martes que España aún no ha iniciado la elaboración de la estrategia nacional anticorrupción, pese a que estaba prevista para 2024. Esta medida debía haberse desarrollado en cumplimiento de la ley que protege a los denunciantes de corrupción, que establecía su puesta en marcha antes de septiembre de 2024.

El informe del Estado de derecho de 2025, publicado este martes, recoge que la falta de una estrategia unificada “corre el riesgo de llevar a la fragmentación y a una vigilancia insuficiente de las medidas anticorrupción”, según comentarios recibidos por la Comisión durante el proceso de consultas con partes interesadas del ámbito judicial.

Además, se precisa que será la Autoridad Independiente de Protección del Informante, recientemente constituida tras el nombramiento de su presidente, la que elabore un primer borrador de dicha estrategia.

AVANCES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE ALTO NIVEL

A pesar de esta crítica, Bruselas reconoce que España ha hecho algunos avances en la lucha contra la corrupción de alto nivel, especialmente en lo referente a la reducción de la duración de las investigaciones y de la fase de instrucción. Este progreso responde a una recomendación reiterada en años anteriores y se debe, según el informe, a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al refuerzo de recursos destinados a estos procesos.

Entre las principales recomendaciones que la Comisión Europea dirige a España, destaca la necesidad de “aumentar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y la fase de instrucción”. Bruselas considera que ello es clave para mejorar la eficiencia en la gestión de casos de corrupción de alto nivel.

El informe también identifica varios ámbitos especialmente sensibles a la corrupción en España. Según la Comisión Europea, los sectores de “contratación pública, financiación de partidos políticos, proyectos de infraestructuras y contratos de servicios públicos” son considerados zonas clave de alto riesgo que deben ser vigiladas de forma especial.

Por otro lado, Bruselas constata que la estrategia nacional contra el fraude sí se encuentra “en una fase avanzada”, aunque todavía no se ha fijado un calendario para su finalización.

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