El Parlament aprueba la controvertida 'ley de suelo' en Baleares

El pleno del Parlament de Baleares ha aprobado este lunes la controvertida Ley de obtención de suelo mediante el desarrollo de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), impulsada por PP y Vox, en un clima de máxima tensión política. La izquierda ha denunciado irregularidades en la tramitación del texto y ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los parlamentarios.

La nueva normativa declara la emergencia habitacional en Baleares y contempla la creación de los PRE en áreas de transición (es decir, en suelo rústico) de Palma y municipios con más de 20.000 habitantes. También se habilita su desarrollo en suelo urbano o urbanizable en localidades que superen los 10.000 habitantes.

USO DE SUELO RÚSTICO Y LEGALIZACIONES EN LA TRAMUNTANA

PP y Vox han acordado, a través de enmiendas, permitir el uso de suelo rústico sin necesidad de haber agotado previamente el urbanizable. Además, se amplía la posibilidad de legalizar construcciones en suelo protegido de la Serra de Tramuntana, con un plazo de prescripción de ocho años.

La aprobación de la ley ha estado marcada por protestas a las puertas del Parlament protagonizadas por colectivos como el GOB y la Federació de Veïns de Palma, que acusan al Govern de aplicar “políticas totalmente desreguladoras y ultraneoliberales”.

La oposición ha pedido incluso la suspensión del pleno, denunciando que el texto aprobado no se corresponde con el debatido en ponencia. Como ejemplo, señalaron la inclusión del artículo 7 bis en el dictamen final, pese a haber sido eliminado previamente. Durante la sesión, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, solicitó aclaraciones sobre la aparición de dicho artículo: “En comisión no se votó el artículo 7 bis y ahora aparece en el seguimiento. Es un incumplimiento grave y debe constar en acta”, advirtió.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, solicitó la lectura de uno de los artículos para “ilustrar” a los diputados, en virtud del reglamento. Posteriormente, los portavoces de MÉS per Mallorca y PSIB, Lluís Apesteguia y Iago Negueruela, solicitaron que la votación de los artículos polémicos (7 y 7 bis) se hiciera por llamamiento, de cara a un posible recurso ante el Constitucional.

La votación finalmente se llevó a cabo con normalidad, y los artículos se votaron de forma conjunta. Durante el llamamiento, Apesteguia votó inicialmente “sí” y rectificó de inmediato, provocando risas entre los diputados.

LA IZQUIERDA DENUNCIA UNA LEY AL SERVICIO DE LOS PROMOTORES

Durante el debate, Negueruela (PSIB) afirmó que la ley “no se ha concebido para levantar más vivienda para residentes, sino para consolidar los derechos de los promotores”. Denunció la ausencia de estudios y consensos, la reducción de equipamientos y la legalización de irregularidades, incluso en espacios protegidos.

El socialista advirtió también de la sustitución de las VPO por viviendas de precio limitado, que “serán un 33% más caras”, y reafirmó la intención del PSIB de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, postura que comparte MÉS per Mallorca.

Josep Castells (Més per Menorca) acusó al Govern de “ceder al chantaje de Vox” a cambio del apoyo a los Presupuestos. Aseguró que la ley contiene mecanismos “claramente inconstitucionales, condenados a ser derogados” y que “nada tiene que ver” con el texto presentado inicialmente.

Cristina Gómez (Unidas Podemos) denunció que el Ejecutivo autonómico está “utilizando el drama de la vivienda para premiar a especuladores”, y defendió que la solución pasa por más vivienda pública, no más cemento. Criticó que bajo el actual Govern se han incrementado los asentamientos de caravanas.

Ferran Rosa (MÉS per Mallorca) también fue tajante: “Esta ley fomenta la especulación y beneficia a quienes especulan”. Según él, los ciudadanos que sufren el problema de acceso a la vivienda no verán mejoras, sino que cada mes seguirán destinando la mayor parte de su sueldo al alquiler.

Rosa insistió en que la ley “no pretende resolver el problema habitacional, sino construir más, vender más caro y con menos contrapartidas”, y denunció que el texto aprobado es distinto del que se tramitó.

VOX NIEGA QUE LA LEY ESTÉ VINCULADA A LOS PRESUPUESTOS

Desde Vox, el diputado Sergio Rodríguez rechazó cualquier vinculación entre la ley y la aprobación de los Presupuestos autonómicos. Ironizó sobre los “ataques de dignidad” de la izquierda y aseguró que “jamás” se habló de esta norma en las negociaciones presupuestarias.

Rodríguez acusó a la izquierda de “engañar” a la ciudadanía, sugiriendo que se construirían “rascacielos en la Serra de Tramuntana”. Además, lanzó una polémica declaración: “A lo mejor, lo que les preocupa es que queremos vivienda para los Antonios, los Joans, los Tomeus y no para los Mohameds”.

Defendió que aumentar la densidad y construir en altura evita el consumo de más territorio, y justificó así las medidas de crecimiento previstas.

EL PP DEFIENDE UNA NORMA PARA ORDENAR Y AGILIZAR EL MERCADO INMOBILIARIO

La diputada del PP Margalida Pocoví defendió la nueva ley como una herramienta para “poner orden donde en los últimos ocho años hubo inoperancia, bloqueo y excusas”. Atribuyó los incrementos en los precios del alquiler y la compraventa a los gobiernos anteriores del Pacte.

La ley crea los Proyectos Estratégicos Residenciales, que aseguran que la mitad de la edificabilidad en suelo urbano y urbanizable se destinará a vivienda protegida, ya sea pública o de precio limitado.

Asimismo, obliga a que un 15% del aprovechamiento de cada proyecto se ceda al ayuntamiento correspondiente para vivienda protegida. Sobre la legalización de construcciones en la Serra de Tramuntana, Pocoví subrayó que “la ley no implicará más edificaciones en este espacio protegido”.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Govern con facilitar vivienda asequible para residentes, y acusó a la oposición de seguir órdenes partidistas y abandonar la Comisión “como corderitos”, en referencia a la diputada del PSIB Mercedes Garrido.