El Govern defiende la nueva ley de suelo como solución para crear vivienda asequible para residentes

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido este lunes la ley de obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares y ha asegurado que "paliará el problema de la vivienda".

El debate ha comenzado con varios minutos de retraso después de que la Mesa de la Cámara se haya reunido para tratar un escrito de los grupos de izquierda que reclamaban la suspensión del pleno por deficiencias en la tramitación, extremo que finalmente ha sido rechazado.

En la defensa de la norma, Mateo ha insistido en que las viviendas que surjan a partir de esta ley será para residentes con el requisito de cinco años de residencia para todas las viviendas de régimen protegido que prevé esta ley. "Esta ley no prevé aumentar la presión demográfica, como falsamente difunden, sino ofrecer vivienda a quienes ya viven aquí. ¡Vivienda para la gente de aquí!", ha reiterado.

El debate tiene lugar mientras a las puertas de la Cámara se ha convocado una protesta contra la norma.

La ley, ha añadido, facilita más vivienda sometida a régimen de protección. Por un lado, ha explicado, vivienda protegida de promoción pública y, por otro lado, la vivienda de precio limitado, por debajo también de los precios de mercado y que complementa la vivienda social, "para dar respuesta amplia a las necesidades de diferentes sectores de la población residente afectados por el problema de la vivienda".

José Luis Mateo ha contrapuesto la ley contra lo que ha llamado el modelo de la izquierda "que permitió el desarrollo del barrio de vivienda de lujo de Nou Llevant, o construir 3.000 chalets con piscina en suelo rústico sólo en Mallorca".

El conseller ha indicado que la figura de los Proyectos residenciales estratégicos garantiza que la mitad de su edificabilidad, en suelos urbanos y urbanizables, un 50 por ciento, se destinará a vivienda sometida a algún régimen de protección, tanto vivienda pública como de precio limitado. Además, garantiza que un 15 por ciento del aprovechamiento en los proyectos deberá ser cedido al Ayuntamiento del municipio para vivienda en régimen de protección.

Los PRE, ha añadido, reducirán los plazos, pasando de los más de diez años actuales a un periodo más corto, estimado entre año y medio y dos años, ya que tendrán una tramitación urgente, un único procedimiento para tramitar el plan de ordenación, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización.

En relación a estas áreas de transición, el conseller ha explicado que se deja la decisión en manos del pleno de cada ayuntamiento.

"La ley de la izquierda en 2008 permitía construir en áreas de transición en todos los municipios de las islas. Ahora se da esa posibilidad a 13 municipios, a los de más población, y bajo limitaciones", ha recordado. Mateo ha acusado a la izquierda de orquestar una campaña "para confundir" en relación a estas medidas.

"Donde ustedes dejaron proliferar barrios de lujo o barrios de caravanas y de asentamientos ilegales, nosotros ponemos las herramientas para hacer vivienda para las familias, para los jóvenes, para las rentas medias de estas Islas", ha afirmado.

Mateo ha reiterado que el uso de áreas de transición queda limitado a los municipios de más de 20.000 habitantes y siempre cuando el ayuntamiento apruebe la medida, y dentro de una serie de limitaciones y requisitos.

Entre otros requisitos, estos municipios tendrán que haber agotado antes los suelos urbanos y urbanizables o acreditar la imposibilidad de hacer los PRE en urbanizables, teniendo que justificar las circunstancias que técnica, económica o urbanísticamente imposibiliten la transformación de estos suelos.

DESBLOQUEAR SUELOS CON "VOCACIÓN"

Esta Ley, ha reiterado, servirá para desbloquear aquellos suelos cuya "vocación" es la construcción de vivienda; desbloquea y agiliza suelos urbanos y suelos urbanizables, en los municipios de más de 10.000 habitantes; y optimiza el uso de estos terrenos, con el objetivo de crear más vivienda asequible para los residentes.

Durante la tramitación, fruto del acuerdo entre el Govern y Vox, el texto amplía el alcance del Decreto ley para facilitar más vivienda en los principales municipios de Baleares, además de Palma.

En otras medidas incorporadas durante la tramitación parlamentaria, se garantiza el aumento de la oferta de alquiler asequible para residentes. La norma fija que, de todas las viviendas de los PRE en régimen de protección, un mínimo del 50 por ciento tendrá que ser en régimen de alquiler.

Asimismo, en los PRE, todas las viviendas de protección se tendrán que finalizar antes o de manera simultánea a las viviendas de precio libre.

El conseller ha explicado que para incentivar la creación de los proyectos residenciales estratégicos en suelos urbanos y urbanizables, se establece un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, para presentar el estudio preliminar de los proyectos ante los ayuntamientos, medida también incorporada en fase de enmiendas.

El conseller ha recordado que la ley incorpora medidas contra la ocupación ilegal, para limitar el acceso a las ayudas en materia de vivienda y el acceso a viviendas de protección pública en Baleares a las personas condenadas por delitos penales de allanamiento de morada o usurpación en los cinco años anteriores a la fecha de inscripción en el registro del IBAVI o de la convocatoria de las ayudas.

La ley refuerza el impulso a la vivienda pública, con nuevas medidas para acelerar la promoción pública del Ibavi o de otros organismos públicos y reducir los plazos actuales de su tramitación urbanística en el conjunto de las Islas.

Al mismo tiempo, se regulan reservas de vivienda asequible para diferentes colectivos, como jóvenes y empleados públicos. En este sentido, en las promociones de vivienda de precio limitado, un 30 por ciento deberá ser destinadas a jóvenes menores de 35 años.

Por otra parte, en los PRE se incluye una reserva de viviendas a empleados públicos. En los terrenos que se deberán ceder a la administración, la edificabilidad se repartirá reservando un mínimo del 20 por ciento a viviendas públicas de alquiler social; un mínimo del 10 por ciento para empleados públicos (en municipios de más de 20.000 habitantes) y el resto, para cualquier modalidad de vivienda protegida, incluida la de cooperativas en cesión de uso, ha señalado.