Jueces y fiscales amenazan con nuevas huelgas si el Gobierno no hace "cambios sustanciales"

Las asociaciones de jueces y fiscales que secundaron la huelga de tres días convocada esta semana contra la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal han amenazado con nuevas jornadas de movilización "si la situación persiste sin cambios sustanciales". Así lo han manifestado en un comunicado conjunto difundido este viernes, un día después del fin del paro.

La advertencia parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Quedan fuera de este grupo las asociaciones de perfil progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no participaron en la huelga.

Jueces y fiscales mantienen la huelga en julio pese al rechazo del Poder Judicial

Las asociaciones de jueces y fiscales -todas menos las progresistas- han anunciado que mantienen la huelga convocada...

VIAJE A ESTRASBURGO PARA TRASLADAR LA QUEJA A LA UE

Las cinco asociaciones han anunciado además que la próxima semana viajarán a Estrasburgo para mantener reuniones con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. El martes tienen previsto reunirse con Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE); con miembros del grupo ECR (European Conservatives and Reformists); con Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo; y con Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión.

"Estas gestiones se enmarcan en nuestra interlocución con las instituciones europeas, a quienes trasladaremos nuestra preocupación por la regresión en la independencia judicial, apelando a la jurisprudencia del TJUE y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea", señalan.

EL VERANO DIFICULTA LA CONTINUIDAD DE LAS MOVILIZACIONES

En su comunicado, los convocantes explican que la huelga debe comunicarse con un mínimo de 10 días de antelación, lo que "impone un marco temporal rígido que impide reacciones inmediatas o espontáneas sin menoscabar la legalidad de la medida".

Además, reconocen que el mes de julio complica la continuidad de las protestas, ya que un alto porcentaje de jueces y fiscales se encuentra de vacaciones. Esta situación "dificulta enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos", lo que "provoca distorsiones que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización".

Asimismo, alertan de que la afección al servicio público de Justicia "se ve tan reducida que, en términos operativos, la medida pierde toda su capacidad de presión o visibilidad, quedando diluida hasta el punto de resultar ineficaz". Por eso consideran que mantener la huelga de forma inmediata "podría generar una falsa imagen de desmovilización, totalmente ajena al compromiso mostrado por la mayoría de la carrera durante las jornadas del 1, 2 y 3 de julio".

El PP apoya la huelga de jueces y fiscales ante el intento de "control" del Gobierno

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha expresado este sábado su apoyo a la...

UNA HUELGA "SIN PRECEDENTES" Y CON "SEGUIMIENTO EJEMPLAR"

Las asociaciones firmantes califican la huelga de esta semana como "histórica" y aseguran que tuvo un "seguimiento ejemplar" que cifran en un 70%, frente al 31% que reconoce el Ministerio de Justicia. A su juicio, se trata de "un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática", que demuestra la "gravedad de las reformas legislativas en curso".

En su repaso a los antecedentes de la protesta, destacan el paro de 10 minutos celebrado el pasado 11 de junio como "una respuesta masiva y coordinada frente a las reformas legislativas que amenazan la independencia judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". Ese día se leyó un manifiesto conjunto en todo el país, en defensa de sus funciones y también "de los miles de opositores que ven cómo se desvirtúa el sistema de acceso por vías ajenas a la excelencia y al esfuerzo".

También subrayan la concentración del pasado 28 de junio frente al Tribunal Supremo, en la que participaron más de 10.000 personas, entre jueces, fiscales y ciudadanía, en lo que consideran "una de las mayores concentraciones institucionales en defensa del Poder Judicial".

Entre los principales motivos de la protesta, las asociaciones citan la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen ad hoc, la reducción de la excelencia en los sistemas de acceso, la atribución al Centro de Estudios Jurídicos de competencias para preparar opositores y los límites a la financiación de las asociaciones judiciales y fiscales, lo que, advierten, reduce su capacidad operativa y su función representativa.

ACUSAN AL MINISTERIO DE JUSTICIA DE ACTITUD "INMOVILISTA"

En el comunicado critican que, desde el inicio del conflicto, el Ministerio de Justicia "lejos de mostrar una actitud abierta al diálogo, se ha enrocado en su posición inmovilista". Denuncian además que el PSOE ha presentado enmiendas al proyecto de ley que "agravan aún más la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", afectando "gravemente" a la independencia judicial y a la autonomía de la Fiscalía.

Una de las enmiendas más criticadas es la que crea un proceso único y extraordinario de estabilización para cubrir 1.004 plazas mediante un concurso-oposición con criterios que califican de "arbitrarios y laxos". Este sistema, aseguran, "permite la entrada de profesionales ajenos a la justicia interina, apoyándose en una interpretación errónea de las exigencias europeas".

Finalmente, las asociaciones reiteran sus disculpas a la ciudadanía por "los perjuicios que estas movilizaciones hayan podido causar" y expresan su agradecimiento "por la comprensión, el respeto y el respaldo recibido". Insisten en que "esta movilización no ha sido corporativa, sino institucional", y subrayan que su objetivo es "la defensa de una Justicia independiente, imparcial, profesional y al servicio de la ciudadanía".