Emaya asegura que el acuerdo con el trabajador despedido se alcanzó "respetando todos los procesos legales"

La empresa municipal Emaya ha asegurado que el reciente acuerdo de indemnización con un extrabajador despedido se ha alcanzado “respetando todos los procesos legales” y “al amparo de las autoridades pertinentes”. Así lo ha afirmado en un comunicado emitido este martes en respuesta a las críticas de la oposición, que ha tildado el pacto de “ilegal” y “corrupto”.

Desde los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Palma se ha insinuado que esta indemnización podría tratarse de una contraprestación política destinada a garantizar el apoyo de Vox al Partido Popular en el consistorio. Argumentan que el extrabajador beneficiado mantenía afinidad ideológica con la formación de ultraderecha, actualmente socio clave del equipo de gobierno municipal.

UN ACUERDO PARA EVITAR UN LITIGIO MÁS COSTOSO

Emaya ha explicado que el acuerdo se ha alcanzado con el objetivo de “abreviar el proceso litigante” y llegar a una solución “propicia para todas las partes”. Según la empresa pública, se trata de un pacto transaccional que permite “minimizar el coste” económico para la entidad y, al mismo tiempo, “reducir la litigiosidad y conflictividad del proceso”.

Ante las acusaciones sobre una posible ilegalidad, la empresa ha subrayado que el procedimiento “ha seguido en todo momento una vía oficial y legal, en tiempo y forma”. En este sentido, ha recordado que el Consejo de Administración de Emaya ha delegado “amplias facultades y competencias” a la dirección de la empresa, entre las que se encuentra la capacidad de “cerrar todo tipo de expedientes y procedimientos judiciales”.

HAY PRECEDENTES EN LEGISLATURAS ANTERIORES

Para defender la legalidad y legitimidad del procedimiento, Emaya ha recordado que “no es la primera vez” que se adopta una medida de este tipo. “Entre los años 2022 y 2023 se alcanzaron acuerdos judiciales por los que Emaya abonó determinadas cantidades a diversos trabajadores”, ha señalado la empresa. Además, ha puntualizado que estos acuerdos tampoco se elevaron al Consejo de Administración, lo que, según argumentan, refuerza la coherencia de la actuación actual con precedentes de gobiernos municipales anteriores. “En transacciones previas similares a la tratada no se recibieron manifestaciones por parte del Consejo, lo que refuerza la percepción de que Emaya ha actuado en el marco de sus competencias y en coherencia con los hechos precedentes”, han insistido.

El teniente de alcalde y regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzà, ha explicado que, con este acuerdo de indemnización, Emaya ha buscado una “solución efectiva” a un conflicto que, según ha dicho, “precisaba ser resuelto”. Bauzà ha añadido que se optó por esta vía una vez agotadas todas las instancias judiciales disponibles.

El representante municipal ha defendido que Emaya presentó “los correspondientes recursos” en las diferentes instancias judiciales, pero “desgraciadamente, las diversas sentencias no han apoyado los argumentos alegados por la empresa municipal”.

En su defensa, también ha recalcado que este tipo de resolución “no es una novedad”, ya que “en anteriores legislaturas se ha optado por acuerdos de indemnización”, por lo que “Emaya no ha hecho nada que otros equipos directivos no hubieran hecho en etapas anteriores”.