Califican la ley de liberalización de suelo como la "más agresiva en décadas" en Baleares

El GOB Mallorca ha denunciado que la ley de liberalización de suelo que se está tramitando en el Parlament balear constituye la normativa “más agresiva en décadas”. La entidad ecologista ha hecho un llamamiento público a “responder y parar este despropósito”, al considerar que pone en riesgo el equilibrio territorial y ambiental de las islas.

En una nota de prensa difundida este martes, el GOB ha reiterado su rechazo a esta ley, que pretende desbloquear suelo para construir vivienda, al considerar que supone una “expansión masiva del modelo especulativo, disfrazado de vivienda asequible”. Según la entidad, la norma “pone en peligro el territorio rústico, rompe con la planificación urbana racional e ignora las advertencias sobre recursos básicos como el agua”.

“UNA BOMBA TERRITORIAL, URBANÍSTICA Y DEMOGRÁFICA”

Desde el GOB advierten que esta propuesta legislativa representa una “deriva” que “transforma radicalmente” la estructura territorial de Baleares. En palabras de la entidad, “nos aboca a una bomba en términos territoriales, urbanísticos y demográficos, que acelera el colapso, rompe definitivamente el equilibrio entre población y recursos naturales y destruye el territorio”.

La organización ecologista ha acusado a los partidos PP y Vox de “instrumentalizar” la problemática de la vivienda para impulsar esta ley, a la que definen como una propuesta de “urbanismo exprés” con fines especulativos. En su opinión, la norma “dilapida” la ordenación urbanística vigente, “ataca frontalmente” el suelo rústico y “pone en riesgo” valores patrimoniales tan importantes como los de la Serra de Tramuntana.

El GOB ha recordado que esta iniciativa surgió como un decreto ley destinado únicamente a facilitar la obtención de suelo en Palma. Sin embargo, durante su tramitación como proyecto de ley (en la que la entidad presentó enmiendas) se amplió su alcance a todos los municipios de más de 10.000 habitantes.

Además, critican que la norma permitirá a los municipios con más de 20.000 habitantes utilizar suelo rústico situado en Áreas de Transición, sin necesidad de agotar previamente el suelo urbano disponible.

MÁS DE 1.700 HECTÁREAS RÚSTICAS EN RIESGO DE URBANIZACIÓN EN PALMA

Según el GOB, las enmiendas negociadas permitirán recalificar el suelo rústico de Áreas de Transición en municipios como Palma, Calvià, Manacor, Inca, Marratxí, Llucmajor y Alcúdia, para construir viviendas a precio limitado. Una medida que, según denuncian, “rompe con la ordenación urbanística y la cohesión social”, y responde únicamente a una lógica “puramente especulativa”.

En el caso concreto de Palma, alertan de que más de 1.700 hectáreas de suelo rústico podrán urbanizarse, lo que podría suponer un crecimiento poblacional de más de 350.000 habitantes. Entre las zonas afectadas mencionan barrios y núcleos como Son Sardina, Son Espanyol, Sa Garriga, Secar de la Real, Establiments, Son Anglada, Son Vida, Son Rapinya, Son Xigala, Sa Indioteria, Son Cladera, Sant Jordi, Casa Blanca, l'Hostelot, es Pil·larí, s'Aranjassa, ses Cadenes, el polígono de Son Castelló, Son Rossinyol y MercaPalma-Son Banya.

Otra de las críticas del GOB se centra en que las nuevas Áreas de Transición no tendrán por qué estar contiguas al suelo urbano existente, lo que permitirá la creación de núcleos urbanos aislados y sin dotaciones básicas de servicios públicos. Asimismo, denuncian que se reducirá el tamaño mínimo de los suelos urbanizables, que pasará de 350 a solo 100 metros cuadrados, facilitando así una urbanización más dispersa y desordenada.

Finalmente, la organización ecologista ha rechazado la extensión de la regularización de edificaciones fuera de ordenación en la Serra de Tramuntana. Han recordado que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso contra la norma que contempla dicha legalización, lo que podría poner en entredicho su validez legal y su impacto sobre un espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.