El Govern balear exige a la empresa de las mascarillas que devuelva 3,7 millones y se las lleve

El Govern balear ha solicitado formalmente a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo, que devuelva los 3,7 millones de euros que cobró del anterior Ejecutivo de izquierdas por la compra de 1,5 millones de mascarillas inservibles. Además, exige a la compañía que retire el material defectuoso, que lleva almacenado cinco años.

CONTRATO EN PANDEMIA Y MASCARILLAS INÚTILES

En 2020, bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol, el Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salud) compró un lote de mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión por valor de 3,7 millones de euros. El objetivo era proteger al personal sanitario en plena pandemia de covid, pero el material recibido resultó no apto para su uso clínico.

Las mascarillas, adquiridas con fondos Next Generation de la Unión Europea, han permanecido desde entonces almacenadas en dependencias de la administración autonómica. En total, se trata de 1.479.770 unidades depositadas en el almacén central del Ib-Salud, ubicado en el polígono de Marratxí.

EXIGEN DEVOLUCIÓN DEL DINERO Y DAÑOS ADICIONALES

El Ib-Salud inició en octubre de 2024 el procedimiento para declarar nulo el contrato y, hace unos días, envió un requerimiento formal a la empresa exigiendo la devolución del dinero abonado y la retirada del material.

Además, reclama una indemnización por daños y perjuicios por un total de 173.478 euros, repartidos en los siguientes conceptos:

- 114.560 euros por los costes de almacenamiento

- 1.432 euros por el traslado

- 771 euros por la manipulación

- 56.715 euros por el flete aéreo al traer las mascarillas a Mallorca

A esta cantidad se añadirán los intereses de demora, que serán determinados cuando se dicte la resolución definitiva del proceso administrativo iniciado por el actual Govern.

RESPALDO DEL CONSELL CONSULTIU Y FALTA DE SOLVENCIA

En la propuesta del Ib-Salud —a la que Soluciones de Gestión puede presentar alegaciones— se hace referencia a un informe del Consell Consultiu de las Islas Baleares, que consideró nula la resolución del 4 de mayo de 2020 por la cual se adjudicó el contrato mediante procedimiento de emergencia.

El Consell Consultiu, máximo órgano de asesoramiento legal del Ejecutivo balear, concluye que Soluciones de Gestión no tenía capacidad legal ni solvencia técnica para asumir el suministro contratado. Una circunstancia que agrava la irregularidad de la operación durante el estado de alarma.

LA UCO INVESTIGA EN PALMA Y EL JUEZ ESPERA UN INFORME

Desde que se abrió la investigación judicial del caso Koldo, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido hasta en tres ocasiones a la sede del Ib-Salud en Palma para requisar documentación relacionada con el contrato de mascarillas y otras adjudicaciones de obras y servicios.

El resultado de estas diligencias se recogerá en un informe que se remitirá al juez Ismael Moreno, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, en las próximas semanas. La documentación del Govern será clave para determinar posibles responsabilidades penales.

EL CASO KOLDO: CONTRATOS SOSPECHOSOS Y COMISIONES MILLONARIAS

El caso Koldo investiga una presunta trama de corrupción vinculada a contratos de mascarillas adjudicados en 2020 por entidades públicas, la mayoría dependientes del Ministerio de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión, por una cifra que ronda los 54 millones de euros. La investigación también ha destapado supuestas comisiones por adjudicaciones de obra pública.

La tesis de los investigadores es que la elección de Soluciones de Gestión como proveedora se habría producido antes incluso de publicarse las ofertas, desde el Ministerio que entonces dirigía José Luis Ábalos. Tanto el exministro como su exasesor, Koldo García —quien da nombre al caso—, están siendo investigados por haber intercedido a cambio de comisiones.

Las sospechas se centran en que esta empresa actuó como sociedad instrumental en un negocio articulado por el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, junto con su socio Juan Carlos Cueto, quienes habrían obtenido beneficios millonarios por su participación en la trama.