Denuncian que Emaya haya indemnizado con 225.000 euros a un trabajador acusado de acoso laboral

PSOE Palma, Més per Palma y Unides Podem han denunciado este lunes que la empresa municipal Emaya ha alcanzado un acuerdo económico de 225.000 euros con un trabajador acusado de acoso contra una docena de compañeros y compañeras, algunos de los cuales se encuentran actualmente de baja médica por ese motivo. Los grupos municipales de izquierda critican que el pacto no ha pasado por el consejo de administración de la empresa y exigen explicaciones urgentes ante lo que consideran una decisión “ilegal”, “oculta” y “clandestina”.

Los portavoces Xisco Ducrós (PSOE), Neus Truyol (Més) y Lucía Muñoz (Unides Podem) han comparecido esta mañana ante los medios para mostrar su rechazo a la actuación del alcalde Jaime Martínez (PP).

Según han denunciado, este acuerdo revive las “prácticas corruptas y clientelares” que, según los grupos progresistas, marcaron la gestión de Emaya hace una década, cuando eran los partidos políticos quienes decidían contrataciones e indemnizaciones dentro de la empresa pública.

PACTO OCULTO

Los partidos también cuestionan si este acuerdo responde a un pacto oculto entre el Partido Popular y Vox, a cambio del apoyo de este último en el gobierno municipal.

Durante el anterior mandato, Emaya despidió a dos trabajadores vinculados a Vox, acusados de acosar, coaccionar y amenazar a otros empleados. Estos hechos derivaron en dos procesos judiciales: uno laboral y otro penal. En el proceso laboral, el juez declaró nulo el despido y la empresa recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Hasta ahora, el presidente de Emaya y regidor de Medi Natural, Entorns Saludables, Mercats i Innovació, Llorenç Bauzá, había asegurado que no se tomaría ninguna decisión hasta conocer el fallo del TSJIB.

Sin embargo, los grupos de izquierda denuncian que el gobierno local ha cambiado de criterio días antes de la vista del juicio penal y sin esperar a la resolución del recurso.

Por todo ello, exigen que Emaya no se retire de las causas penales aún abiertas y que mantenga la defensa de los trabajadores presuntamente acosados.