La investigación a Cerdán avanza: rastrean cuentas y correos y entran en juego empresarios
El juez del Supremo cita al exdirigente del PSOE el 30 de junio y pone el foco en una posible trama de mordidas ligada a once obras públicas
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 21 de Junio de 2025 | 13:46h

El Tribunal Supremo avanza en la investigación contra Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, con el foco puesto en sus cuentas bancarias y en su correo corporativo, en una causa que también implica a cinco empresarios sospechosos de haber pagado mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Todo ello en medio de una creciente tormenta política que rodea al caso.
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LA GUARDIA CIVIL ENTRA EN FERRAZ PARA CLONAR EL CORREO DE CERDÁN
Este viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron en la sede del PSOE en la calle Ferraz con una orden para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. Una operación que evidencia la magnitud de la causa que instruye el juez Leopoldo Puente, quien aprecia “consistentes indicios” de que el ex número tres del PSOE pudo haber incurrido en delitos de organización criminal y cohecho.
La investigación se intensifica apenas una semana después de que se conociera un informe policial que vincula a Cerdán con una presunta trama de corrupción junto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Tras perder el escaño y darse de baja del PSOE, Cerdán ha sido formalmente imputado y deberá declarar ante el Supremo el próximo 30 de junio, donde el juez valorará posibles medidas cautelares.
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SOSPECHAS DE COBROS A CAMBIO DE OBRAS PÚBLICAS
El juez respalda la tesis de la Guardia Civil y sostiene que Cerdán podría haber participado, junto a Ábalos, en la recepción de sobornos a cambio de adjudicaciones irregulares de obras públicas. Según el auto judicial, incluso pudo ser el encargado de “distribuir” los fondos “recaudados”.
Cerdán declarará una semana antes que Ábalos y Koldo, citados este lunes. Posteriormente, a comienzos de julio, será el turno de cinco empresarios imputados recientemente. El magistrado ha advertido que aún queda por realizar un “prolijo análisis” de los “numerosísimos efectos intervenidos” en los registros realizados en diferentes ubicaciones.
RASTREO DE CORREOS Y CASI 500 CUENTAS BANCARIAS
El juez ha ordenado examinar los correos electrónicos corporativos de Cerdán (2021–2025) y de Ábalos (2018–2021), lo que ha llevado a la UCO no solo a la sede socialista, sino también al Ministerio de Transportes, a ADIF y a la Dirección General de Carreteras para clonar los dispositivos.
El informe policial señala que Cerdán facilitó a Koldo su correo del PSOE para recibir “ciertas comunicaciones relevantes”. Se cita, en concreto, un intercambio de mensajes del verano de 2017 en el que Koldo le pregunta a dónde enviar la documentación necesaria para ser contratado por el PSOE, puesto que finalmente ocupó como asalariado desde el 25 de octubre de ese año.
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Además, tras hallar indicios de que Cerdán pudo gestionar 620.000 euros en mordidas en favor de Ábalos y Koldo (y de que él mismo podría haberse beneficiado económicamente), el juez ha ordenado investigar sus cuentas bancarias, con la excepción de las vinculadas directamente al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias.
En total, la investigación abarca casi medio centenar de productos bancarios, incluyendo los pertenecientes a cinco empresarios y a empresas como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR), Servinabar 2000 y la fundación Fiadelso, esta última “estrechamente vinculada” a Ábalos.
IMPUTADOS CINCO EMPRESARIOS VINCULADOS A LAS ADJUDICACIONES
El caso alcanza ya a cinco empresarios: José Ruz (Levantina), Antonio y Daniel Fernández (OPR), Fernando Agustín Merino (exdirectivo de Acciona) y Antxón Alonso (Servinabar 2000). En el registro del domicilio de Alonso, los agentes encontraron 16.180 euros en efectivo y una escritura de 2016 en la que cedía el 45 % de su empresa a Cerdán. Sin embargo, tanto el exdirigente socialista como la empresa niegan cualquier vínculo societario.
El juez investiga a estos empresarios como “administradores de hecho” de compañías que podrían haber sido beneficiadas de forma indebida en procesos de adjudicación de obra pública a cambio de pagos irregulares.
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LAS 11 OBRAS SOSPECHOSAS YA ESTÁN IDENTIFICADAS
Según el juez, la UCO ha logrado identificar con precisión 11 contratos de obras públicas adjudicadas presuntamente de forma irregular durante la etapa de Ábalos como ministro de Transportes. Los investigadores quieren ahora profundizar en los expedientes, que han sido requeridos a ADIF y a la Dirección General de Carreteras. Entre las adjudicaciones bajo sospecha se encuentran:
- La construcción de los tirantes del Puente del Centenario en Sevilla (102,8 millones de euros).
- El soterramiento de la red ferroviaria de Murcia (158,8 millones).
- Un tramo de la autovía A-68 en La Rioja (92,4 millones).
- La integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona (62 millones).
El juez ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue a la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Ambos están señalados por su presunta participación para facilitar que “las adjudicaciones proyectadas” por Ábalos y Koldo “pudieran llegar a buen término”.











