Detenido por estafar hasta 900.000 euros con instalaciones fraudulentas de contadores de luz
La Policía imputa también a dos colaboradores por su implicación en la tramitación de documentos con datos falsos
Sergio Jiménez | Mallorca, 16 de Junio de 2025 | 11:49h
La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella (Menorca) a un hombre como presunto autor de un delito continuado de estafa, agravado por la elevada cuantía, en una trama de instalación fraudulenta de contadores eléctricos en fincas rústicas. Además, se ha imputado a otras dos personas por su colaboración necesaria en la tramitación de los expedientes irregulares.
Los agentes han recibido en los últimos meses numerosas denuncias relacionadas con esta práctica, que ya ha afectado a al menos 16 personas, aunque se sospecha que podría haber muchas más víctimas. Los hechos se habrían producido principalmente entre 2020 y 2022.
COBRABA HASTA 9.000 EUROS POR TRÁMITE
El principal investigado, que figuraba como trabajador de una empresa eléctrica, ofrecía a propietarios de terrenos rústicos la posibilidad de instalar un punto de luz en parcelas donde no era legalmente posible obtener permiso. Para lograrlo, aseguraba tener los medios para conseguir la autorización y cobraba a cada cliente hasta 9.000 euros por el trámite, ya fuera en efectivo o mediante transferencia.
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Una vez captado el cliente, el instalador contaba con la colaboración de dos personas encargadas de la tramitación documental, quienes han sido imputadas por falsedad documental. En los expedientes, se incluían datos erróneos como que el suministro era de uso agrícola (cuando en realidad no lo era) o se indicaban ubicaciones falsas para el contador.
La trama se extendió por diversas zonas de Menorca, afectando especialmente a fincas en suelo no urbanizable. Cuando las empresas suministradoras detectaban las irregularidades, ordenaban la retirada de los contadores fraudulentos mediante subcontratas, dejando sin suministro a los clientes que habían pagado creyendo que el proceso era legal.
Las compañías alegaron que los contratos eran inválidos por tratarse de terrenos donde no está permitido establecer puntos de suministro eléctrico y que los contadores estaban conectados a parcelas que no coincidían con las señaladas en los expedientes.
El beneficio ilícito estimado por la Policía asciende a unos 900.000 euros. La investigación sigue abierta, ya que aún quedan servicios de retirada de contadores por realizar y se cree que podrían aparecer más afectados.
