La Corte Suprema de Argentina confirma la condena a Cristina Fernández: seis años de prisión e inhabilitación perpetua

La Corte Suprema de Argentina rechazó este martes el recurso extraordinario presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y dejó en firme la condena dictada en su contra en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales. La sentencia, que implica seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue adoptada por unanimidad por los tres jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Según el fallo, las decisiones tomadas por los tribunales inferiores se basaron en “profusa prueba producida” durante el proceso judicial y no se ha demostrado que la sentencia cuestionada carezca de fundamento legal. “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, indicaron los magistrados en el documento difundido este martes.

Fernández, que actualmente no goza de fueros tras haber dejado la vicepresidencia del país, podría ser detenida en las próximas horas o días. El Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juez Jorge Gorini, deberá ahora ejecutar la sentencia, lo que marca un paso decisivo en la causa conocida como 'Vialidad'.

FERNÁNDEZ PODRÍA SOLICITAR PRISIÓN DOMICILIARIA POR SU EDAD

La defensa de la expresidenta todavía tiene la posibilidad de solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando que Fernández cumplió 72 años el pasado febrero y, por tanto, se encuentra en condiciones de ser beneficiaria de este régimen según las normas vigentes. El pedido deberá ser resuelto por el juez Gorini, quien tiene a su cargo la ejecución de la condena.

El fallo de la Corte Suprema llega apenas ocho días después de que Cristina Fernández anunciara su intención de postularse como candidata a legisladora en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre. Sin embargo, al quedar firme la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la exmandataria queda automáticamente excluida de competir no solo en esa elección, sino en cualquier otra a futuro.

La decisión del máximo tribunal se produce antes del plazo formal para la presentación de candidaturas, fijado para el 19 de julio, lo que confirma su impacto directo e inmediato sobre el futuro político de la líder peronista.

LA CAUSA 'VIALIDAD' Y LA RELACIÓN CON LÁZARO BÁEZ

El caso por el que fue condenada, conocido como 'Vialidad', investigó la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez, considerado cercano al matrimonio Kirchner. Estas concesiones ocurrieron durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), y fueron señaladas por la Justicia como parte de un esquema de direccionamiento de contratos con sobreprecios y falta de controles.

En diciembre de 2022, Cristina Fernández fue condenada en primera instancia por administración fraudulenta, aunque entonces no pudo ser detenida gracias a los fueros que ostentaba como vicepresidenta del país. Posteriormente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en noviembre de 2024, lo que llevó a la expresidenta a presentar un recurso ante la Corte Suprema, que ahora ha sido rechazado de forma definitiva.

CRISTINA FERNÁNDEZ DENUNCIA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y JUDICIAL

Desde hace años, Cristina Fernández ha denunciado que es víctima de una persecución judicial orquestada por sectores del poder económico y mediático, a la que denomina 'lawfare'. En declaraciones ofrecidas este lunes desde la sede de su partido, en vísperas del fallo, la exmandataria calificó a la Corte Suprema como una “guardia pretoriana del poder económico”.

La ex presidenta sostuvo además que existen actores políticos “que han obrado contra los intereses del país” y que, sin embargo, “caminan libres por las calles”. En ese contexto, lanzó una frase que resonó con fuerza entre sus seguidores: “Estar presa es un certificado de dignidad”.

El fallo del Supremo no solo representa un duro revés para su situación legal, sino también un punto de inflexión para su ya incierto futuro político. Ahora, el foco está puesto en la decisión que tome el juez Gorini respecto a su eventual detención y en cómo impactará este episodio en el panorama electoral argentino de cara a septiembre.