El Parlament aprueba la ley de macrogranjas y elimina el requisito del catalán en la sanidad balear

El Parlament de Baleares ha aprobado este martes el proyecto de ley de macrogranjas, que prohíbe las explotaciones avícolas de más de 160.000 gallinas e incluye enmiendas de Vox como la supresión del requisito del catalán en la sanidad pública o la legalización de campos de polo como el de Campos.

La normativa, que se había aprobado como decreto ley el pasado enero, ha salido finalmente adelante con los votos favorables del PP, los diputados no adscritos y Llorenç Córdoba (28), la abstención de Vox (5) y la oposición de la izquierda (25).

Inicialmente, el texto había sido consensuado entre el Govern y MÉS per Mallorca. Sin embargo, la inclusión de algunas de las enmiendas propuestas por Vox ha hecho que los ecosoberanistas cambiaran su voto y se opusieran.

LIMITACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES AVÍCOLAS

El proyecto de ley, según el dictamen de la Comisión de Economía, prohíbe las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas y establece límites en función de la cercanía de estas instalaciones a núcleos urbanos. Las explotaciones con más de 20.000 gallinas deberán estar al menos a dos kilómetros lineales del suelo urbano residencial más próximo. Entre los dos y los cuatro kilómetros, se permitirá un máximo de 40.000 aves, y entre los cuatro y los seis kilómetros, hasta 80.000. El tope máximo de 160.000 gallinas se aplicará únicamente a explotaciones situadas a una distancia no inferior a seis kilómetros de núcleos urbanos residenciales.

La necesidad de regular las macrogranjas surgió tras un proyecto de una empresa para construir una explotación avícola cerca de Sineu, con capacidad para 750.000 gallinas y tratamiento de productos de otras 220.000.



El Govern archivó la autorización de este proyecto y, posteriormente, redactó y convalidó el decreto ley con el apoyo de MÉS per Mallorca. Sin embargo, Vox, que entonces se opuso junto a la izquierda, ha acabado apoyando el texto tras incluir sus enmiendas.

ENMIENDAS DE CONTROL Y EXENCIÓN DEL CATALÁN

El texto de la Comisión también recogía enmiendas de control presupuestario del PSIB, apoyadas por Vox en un momento en que su relación con el PP era tensa, pero finalmente no prosperaron.

Por otro lado, Vox introdujo enmiendas con el respaldo del PP, firmadas como parte del acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos. Entre estas medidas, destaca la exención del requisito del conocimiento del catalán para el personal sanitario de la sanidad pública de Baleares, que pasará a ser solo un mérito. Para el personal no sanitario, seguirá siendo un requisito, pero se permitirán excepciones si faltan profesionales.



Además, se exime del catalán a los trabajadores en proceso de estabilización, que tendrán cuatro años para acreditar el nivel lingüístico tras conseguir la condición de funcionarios.

Otra enmienda de Vox modifica la ley agraria para permitir que las explotaciones agrarias acojan actividades ecuestres e infraestructuras relacionadas, lo que permitirá legalizar instalaciones como el campo de polo de Campos.

RECHAZO DE LAS PROPUESTAS DE LA IZQUIERDA

Las enmiendas presentadas por los grupos de la izquierda no han prosperado. Unidas Podemos propuso que la regulación incluyera todas las explotaciones ganaderas, no solo las avícolas. El PSIB, por su parte, presentó decenas de enmiendas para definir las dimensiones industriales de las explotaciones.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido la norma como una regulación "sencilla" y fruto de un trabajo serio y comprometido. Ha señalado que se elaboró escuchando al sector y a los municipios afectados. Simonet ha explicado que las enmiendas relacionadas con la ley agraria deberían estudiarse en futuras revisiones, mientras que las que no tienen que ver con la norma se le "escapan". Ha insistido en su compromiso con el sector agrario y los payeses, con quienes dijo haber trabajado desde el principio.

Por parte de Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha defendido que las explotaciones intensivas son necesarias para garantizar producto local a precios asequibles. Sobre las enmiendas del catalán, ha dicho que aportan "seguridad jurídica", y sobre las hípicas, que permiten al sector agrario beneficiarse del turismo. Ha asegurado que desconocía la existencia del campo de polo de Campos hasta leerlo en la prensa, lo que la oposición replicó al grito de "mentiroso".

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha acusado al PP de romper el "compromiso explícito" que tenían con ellos de no incluir cuestiones ajenas a las macrogranjas avícolas. Ha interpretado la inclusión de las enmiendas de Vox como un intento de legalizar el campo de polo de Campos, municipio de donde es natural y fue alcalde el portavoz del PP, Sebastià Sagreras.

El socialista Marc Pons ha lamentado que el proyecto no prohíba explotaciones porcinas, caprinas o bovinas, y que no establezca condiciones ambientales, paisajísticas, de olores, de contaminación del agua o de bienestar animal. Ha criticado que las propuestas del PSIB no se tuvieran en cuenta y ha denunciado que el Govern ha acabado "abrazado a Vox".

Finalmente, Pedro Álvarez, del PP, ha recordado el peligro que suponía el proyecto de macrogranja de Sineu y ha defendido el decreto como una herramienta para llenar vacíos legales. Ha asegurado que la norma pretende proteger al sector primario, evitar industrias desmesuradas y salvaguardar el territorio y a las personas. Álvarez ha concluido que las enmiendas de Vox se han podido incluir porque la oposición votó a favor de tramitar el decreto como proyecto de ley.