Recurren en los tribunales la urbanización de 78 viviendas en Sa Pedruscada

El GOB y la Asociación de Vecinos Salvem Sa Pedruscada han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de urbanización de Sa Pedruscada, que pretende construir 78 viviendas.

Así, han presentado un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma para impugnar el acuerdo adoptado el pasado 24 de marzo por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Capdepera que desestimaba el recurso de reposición contra la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la UA-11.

El recurso judicial, según ha señalado el GOB, da continuidad a las alegaciones formuladas en fase de información pública de diciembre de 2024 en las que las organizaciones advertían de "graves irregularidades" urbanísticas y jurídicas del proyecto.

El Ayuntamiento desestimó el pasado febrero las alegaciones presentadas por la asociación Salvem Sa Pedruscada y aprobó definitivamente el proyecto para construir el complejo urbanístico.

Según el GOB y la asociación vecinal, no hay un instrumento de planeamiento urbanístico adecuado que legitime la transformación del suelo y la construcción de 78 viviendas y, además, se incumple la normativa urbanística y ambiental, en especial por la falta de evaluación ambiental, memoria de sostenibilidad económica e informe de disponibilidad de recursos hídricos.

También han denunciado el "intento de legitimar" la nueva actuación urbanística a través de un proyecto aprobado inicialmente el año 2014 que, aseguran, no se ha desarrollado ni tiene relación con la actuación que ahora se pretende ejecutar.

Por último, han hecho referencia a la aprobación "irregular" de la delimitación de la UA-11 por la junta de gobierno local, a su parecer, órgano incompetente, y la posterior convalidación con efectos retroactivos por parte del pleno, "una práctica contraria a derecho".

FRAUDE DE LA LEY URBANÍSTICA

Desde el GOB y Salvem Sa Pedruscada consideran que esta operación "constituye un fraude" de ley urbanística que "esconde bajo una falsa apariencia de legalidad una operación especulativa que vulnera el principio de legalidad y el interés público".

La zona, han agregado, no dispone de los servicios urbanísticos básicos y ha sido tradicionalmente considerada como suelo rústico. Este hecho, han remarcado, impide cualquier transformación urbanística sin el cumplimiento previo de los requisitos establecidos por la normativa urbanística autonómica y estatal.

Las entidades han reclamado la nulidad de la resolución impugnada y han reiterado la necesidad de "una gestión urbanística responsable, legal y respetuosa con el territorio".