Mafias imponen el terror en Ecuador con extorsiones: "Si no se paga, hay bala o secuestros"

En los diez años que Sofía y su esposo llevan viviendo en Samanes, un barrio del norte de Guayaquil, nunca habían sentido temor de quedarse en casa. Eso cambió hace unos días, cuando dos viviendas vecinas fueron destruidas por explosivos. En la calle encontraron panfletos supuestamente firmados por una banda criminal que exigía el pago inmediato de una “cuota” para evitar correr la misma suerte.

"Estamos llenos de miedo, nos hemos unido entre vecinos para tomar medidas", dijo la pareja, que ahora convive con la incertidumbre. Lamentan que las extorsiones hayan llegado sin freno a esta zona residencial, replicando el acoso que ya sufren empresas, escuelas, comercios y hasta el transporte público. Las bandas exigen pagos que a veces superan los 10.000 dólares a cambio de “protección”.

EXTORSIONES EN AUMENTO Y MILLONARIAS GANANCIAS CRIMINALES

A nivel nacional, las denuncias por extorsión se han triplicado en los últimos años, pasando de 6.651 en 2022 a 20.293 en 2024, según cifras recogidas en un proyecto de ley contra las economías criminales. Esta iniciativa está vinculada al estado de “conflicto armado interno” que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró en 2024 para enfrentar al crimen organizado.

Aunque el mismo documento señala una disminución de casos en 2025, el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, advirtió que este delito sigue generando millonarias ganancias, especialmente en Guayaquil, epicentro de la crisis de violencia criminal que afecta al país.

En el barrio Socio Vivienda, en el noroeste de la ciudad, “cada familia paga dos dólares diarios a Los Tiguerones”. Si se suman los cobros al transporte y los negocios, esta estructura criminal recauda alrededor de dos millones de dólares al año, denunció Dávila.

TRANSPORTE EN CRISIS: CONDUCTORES AMENAZADOS Y SERVICIOS ELIMINADOS

El aumento “exponencial” de las extorsiones, conocidas popularmente como “vacunas”, ha llevado a que los dueños de autobuses urbanos eliminen rutas enteras en algunos sectores de Guayaquil. Muchos transportistas afirman que están obligados a pagar sumas elevadas simplemente para poder trabajar.

"Si hoy piden 30.000 dólares y yo accedo, en una semana o dos piden 20.000 o 10.000 más, y si no se paga al día siguiente hay bala en el carro o secuestran a los chóferes", contó el dueño de una cooperativa, que pidió mantenerse en el anonimato por seguridad.

Según este testimonio, al menos 14 de las más de 50 cooperativas de transporte urbano en la ciudad están “vacunadas” y obligadas a pagar a distintas organizaciones que se disputan el control de las rutas.

A inicios de mayo, una pasajera fue asesinada dentro de un autobús en lo que se presume fue un ataque relacionado con extorsión. “Salimos a trabajar pero no sabemos si regresaremos”, lamentó el transportista. Asegura que la violencia se ha intensificado en los últimos siete meses y que algunos conductores han optado por emigrar para protegerse.
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DOCENTES INTIMIDADOS: CLASES VIRTUALES Y AMENAZAS CONSTANTES

La inseguridad no perdona ni a las escuelas. Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en la provincia del Guayas, denunció que varios docentes enfrentan amenazas directas de grupos criminales.

Por esta razón, estudiantes de al menos cinco instituciones educativas de Guayaquil y del vecino municipio de Durán reciben clases virtuales. El ausentismo escolar ronda el 20 % en la provincia, y algunos profesores han solicitado traslados o han renunciado por miedo.

A algunos docentes les exigen hasta 500 dólares mensuales, denunció Menéndez. “Tenemos miedo de que, si no pagamos la vacuna, nos maten. Nos sentimos abandonados”, expresó.

COMERCIOS DESTROZADOS: EXPLOSIVOS EN LA BAHÍA Y MÁS ALLÁ

El comercio también se ha visto fuertemente afectado. La semana pasada, varios negocios fueron destruidos por explosivos. Lo mismo ocurrió días atrás en la Bahía, una céntrica zona de Guayaquil que alberga a unos 4.300 comerciantes.

Estos empresarios son amenazados por bandas que exigen miles de dólares para no atentar contra sus locales. "Han pasado de amenazas y secuestros a bombas", denunció Franklin Coloma, abogado de los comerciantes. Pese a que la Policía ha intensificado los operativos, Coloma asegura que no es suficiente.

La noche del martes, al menos cinco locales más fueron destruidos por nuevas detonaciones. Los comerciantes claman por la militarización de las zonas más afectadas y por una estrategia de seguridad conjunta entre el Municipio y el Gobierno. “Sin seguridad, no hay reactivación económica”, advirtió Coloma.

MAESTROS Y TRANSPORTISTAS EXIGEN PROTECCIÓN URGENTE

Tanto transportistas como maestros coinciden en la necesidad urgente de apoyo institucional. Las amenazas no solo ponen en peligro sus vidas, sino también las de sus familias, estudiantes y pasajeros.

Mientras el crimen organizado expande su control territorial en Guayaquil, la población civil sigue expuesta a una espiral de violencia que parece no tener freno. Las autoridades enfrentan el reto de devolver la seguridad a una ciudad que se ha convertido en símbolo de la crisis criminal en Ecuador.