El Parlament aprueba la ley que regula las fiestas ilegales en viviendas turísticas

El Parlament ha aprobado este martes, con los votos favorables del PP y de Vox y el rechazo de la izquierda (28 votos a favor y 21 en contra), la proposición de ley para prevenir la celebración de fiestas ilegales y actividades molestas en viviendas turísticas.

El pleno debatió y votó el dictamen de esta iniciativa legislativa, promovida por Més per Menorca, que había salido de la Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes de la Cámara autonómica. Fue en esa comisión donde se incluyeron las enmiendas del PP y de Vox, que, según la izquierda, desvirtúan completamente el propósito original de la proposición de ley, ya que consideran que ahora los propietarios estarán más protegidos frente a las molestias.

CASTELLS PIDE VOLVER A LA CASILLA DE SALIDA

Josep Castells, portavoz de Més per Menorca y promotor de la iniciativa, ha instado a todos los grupos a votar en contra y “volver a la casilla de salida” ante lo que considera el fracaso de un proceso legislativo que no ofrece una solución real a un problema que todos reconocen.

Sin embargo, toda la izquierda ha votado en contra, mientras que PP y Vox han aprobado la ley con todas sus modificaciones (reformulando prácticamente todo el texto) y sin aceptar ninguna de las enmiendas de la oposición.

NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS PROPIETARIOS

El dictamen aprobado elimina del título el adjetivo “ilegales”, aunque reconoce que el alquiler turístico ha crecido en los últimos años y ha traído problemas de convivencia como las fiestas que perturban a los vecinos. Así, la nueva normativa busca que los “propietarios, explotadores o comercializadores” de viviendas turísticas adopten medidas preventivas para garantizar el derecho al descanso de los residentes.

Entre las medidas, deberán informar a los inquilinos de la prohibición de celebrar fiestas o eventos que alteren la convivencia. Si se producen estas fiestas, las enmiendas de PP y Vox establecen que 24 horas después de conocer la situación, deberán exigir a los supuestos infractores que abandonen el inmueble, aunque no detallan cómo debe hacerse.



El texto establece que la presunción de conocimiento de los propietarios solo será aplicable si existe “una evidencia clara” de que estaban informados o consintieron la actividad ilícita.

La proposición de ley considera infracción grave no incluir la prohibición de fiestas en el contrato de arrendamiento o no adoptar las medidas necesarias para evitarlas. Además, establece la posibilidad de que los consells insulares y los ayuntamientos creen mecanismos de cooperación para intercambiar información y mejorar la prevención. Este protocolo permitirá a las policías locales acceder a los datos de las empresas comercializadoras de los inmuebles turísticos para identificar a sus responsables.

ELIMINADAS PARTES CLAVE DEL TEXTO INICIAL

Sin embargo, se ha eliminado la parte que otorgaba a la administración la potestad de utilizar “todos los mecanismos legales necesarios” para perseguir estas actividades y responsabilizaba a los propietarios de las fiestas celebradas entre las 23:00 y las 08:00 horas sin autorización. También se ha suprimido el detalle de que las sanciones podrían oscilar entre 1.500 y 30.000 euros, así como la retirada de la autorización para ejercer el alquiler turístico.

Antes del debate principal, PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca presentaron votos particulares para desechar el redactado actual, al considerar que no respeta el objetivo inicial. Castells reiteró que el fin era “corresponsabilizar” a los propietarios, pero opinó que el nuevo texto los “exime de toda responsabilidad”. “No recuerdo haber aprobado algo tan absurdo como este pacto entre PP y Vox”, lamentó.



Lluís Apesteguia, de MÉS per Mallorca, afirmó que la ley no solo no perseguirá las fiestas ilegales, sino que las fomentará. Alejandro Pitaluga, del PSIB, opinó que el texto parece “no querer molestar a nadie” y proteger a quienes “se enriquecen a costa del bien común”.

DEFENSA DE LAS ENMIENDAS DE PP Y VOX

La diputada del PP María Salomé Cabrera defendió las enmiendas de su partido y su responsabilidad al presentarlas, aunque admitió que comparten el “espíritu” inicial de la proposición. Por su parte, la parlamentaria de Vox María José Verdú justificó las modificaciones para “luchar contra las fiestas ilegales con proporcionalidad” y evitar “un marco que asfixie la actividad económica”. Con los votos (22 a favor, 27 en contra y una abstención) de PP y Vox, los votos particulares de la izquierda fueron rechazados.

Durante el debate final de la proposición de ley, los partidos mantuvieron las mismas posturas. La izquierda defendió varias enmiendas para volver al texto original y detallar algunos puntos, pero fueron rechazadas por PP y Vox. Pitaluga denunció la situación en Ibiza, donde hay viviendas “convertidas en discotecas” que acumulan denuncias sin cambios reales. Afirmó que PP y Vox “han arrancado el espíritu” de la ley y la han convertido en “una carcasa que mantiene la apariencia de regulación pero no protege a nadie”.

Castells acusó a Vox de defender “la libertad de quien molesta y negársela a quien es molestado”, y lamentó que no se haya logrado un texto con soluciones reales. Apesteguia concluyó que la nueva ley “no conllevará cambios” y que los vecinos seguirán igual de indefensos. Por parte de Vox, Verdú aseguró que el texto inicial era “intervencionista” y “criminalizaba” a los propietarios, mientras que Cabrera insistió en que la iniciativa original chocaba con la “inviolabilidad del domicilio”.