Asociaciones de profesores arremeten contra la reforma educativa pactada por el Govern y Vox

El Govern del PP y Vox han alcanzado esta semana un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2025, incluyendo entre sus compromisos varias medidas centradas en el bilingüismo educativo en Baleares. La medida estrella es la reforma de la ley balear de educación para reconocer expresamente que el español es también lengua vehicular en las aulas, junto al catalán.

La presidenta autonómica, Marga Prohens, ha subrayado que, más allá de esta modificación, no considera necesario cambiar la normativa vigente ni recortar la autonomía de los centros educativos. Sin embargo, desde entidades como Escuela de Todos —en la que están integradas asociaciones como PLIS. Educación y Societat Civil Balear— consideran que el cambio en la ley es insuficiente para evitar la inmersión obligatoria, que, según denuncian, predomina en la mayoría de centros.

Las organizaciones reclaman al Govern intervenir en otras normas clave, como el decreto de mínimos (92/1997) y la orden del 13 de septiembre de 2004. Ambas regulaciones, aseguran, limitan el uso del castellano como lengua vehicular y otorgan un papel predominante al catalán, algo que —según denuncian— resta protagonismo a la voluntad de las familias.

El decreto de mínimos establece que los centros pueden organizarse de manera que ninguna hora lectiva, salvo la asignatura de Lengua Castellana, se imparta en castellano. Según los colectivos críticos, esto, sumado al peso de direcciones y claustros con sensibilidad nacionalista, lleva a que las materias no lingüísticas apenas se ofrezcan en español, y en todo caso se limiten a asignaturas secundarias como educación física o religión. Por ello, reclaman una reforma que incluya:

– Reconocimiento explícito del catalán y el español como lenguas vehiculares del centro.
– Reparto equilibrado del 50% entre ambas lenguas.
– Fin de la adscripción obligatoria al catalán en materias como ciencias naturales y sociales.

Respecto a la orden de 2004 sobre la primera enseñanza, las asociaciones critican que en lugar de garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua en infantil y los dos primeros cursos de primaria, el texto vigente lo restringe, permitiendo solo seis horas lectivas en castellano y relegando a esta lengua áreas consideradas de menor carga académica. Entre las propuestas de reforma, destacan:
– Garantizar que ambas lenguas sean vehiculares.
– Asegurar al menos 16 horas lectivas en la lengua escogida por las familias.
– Priorizar las asignaturas de mayor contenido léxico.
– Facilitar matrículas telemáticas.

Estas entidades reclaman que la modificación del artículo 135 de la ley de educación entre en vigor antes del arranque del curso 2025-2026 para evitar que el pacto político firmado quede en papel mojado. Por el momento, la pelota está en el tejado del Govern, que deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para materializar este acuerdo.