La Audiencia Nacional estudiará la legalidad de la consulta sobre la opa del BBVA al Sabadell
El recurso de Statera Legal denuncia defectos formales, ausencia de autenticación de usuarios y posible vulneración del principio de igualdad
cronicabalear.es | Mallorca, 29 de Mayo de 2025 | 19:45h
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el despacho Statera Legal, que solicita la suspensión cautelar de los datos recabados a través de la consulta pública lanzada por el Gobierno sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell.
Según fuentes jurídicas, la decisión judicial llega después de que el pasado 8 de mayo el bufete solicitara al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que se descartara dicha consulta y sus resultados, al considerar que se realizó sin cobertura legal y con defectos formales.
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EL RECURSO DENUNCIA FALTA DE RESPALDO JURÍDICO Y VULNERACIÓN DE DERECHOS
Tras la falta de respuesta por parte del Ejecutivo, el despacho (que actúa sin representar intereses de ningún cliente concreto) formalizó el recurso ante la vía contencioso-administrativa el 26 de mayo. El escrito alega que la consulta es contraria al principio de igualdad y no discriminación, además de carecer de un proceso de autenticación de identidad en el formulario, lo que, según el bufete, resta legitimidad a los resultados obtenidos.
El recurso añade que el procedimiento seguido no se ajusta al marco jurídico aplicable, ya que las preguntas formuladas en la consulta no se integran en ningún procedimiento legal previsto para la intervención del Consejo de Ministros. No existe un precepto habilitante que ampare este tipo de consultas públicas en el contexto específico de la opa.
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Statera Legal argumenta que el uso de datos recogidos "sin ningún rigor ni respaldo jurídico" puede afectar negativamente al interés público. También considera que durante el proceso se ha vulnerado el principio de igualdad y no discriminación, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.
Por estos motivos, el despacho considera necesaria la impugnación judicial del procedimiento y la suspensión cautelar de la utilización de los resultados de la consulta. La admisión a trámite del recurso abre un plazo de 10 días para que la parte contraria presente sus alegaciones ante la Audiencia Nacional.
