Roban más de 111.000 euros de una anciana y la dejan en una situación económica "muy precaria"
Los investigados son vecinos de la mujer
EFE | Mallorca, 28 de Mayo de 2025 | 13:26h
La Guardia Civil de Navarra ha investigado a dos personas como presuntas autoras de delitos de administración desleal y apropiación indebida tras detectarse un perjuicio patrimonial grave, de más de 111.000 euros, a una mujer de 98 años, que residía en una institución asistencial y a la que dejaron en una situación económica "muy precaria".
Los investigados, vecinos de la víctima con los que mantenía una relación de amistad, son un hombre y una mujer, de nacionalidad española, de 55 y 53 años respectivamente, residentes en una localidad de la Merindad de Olite, quienes han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº1 de Tudela.
El Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ llevó a cabo la investigación que se inició tras la comunicación de una trabajadora social, que alertó sobre la situación de precariedad económica en la que se encontraba la víctima.
El estudio patrimonial realizado permitió detectar un desvío económico superior a 111.000 euros, a través de extracciones en efectivo, transferencias bancarias y la venta de un inmueble propiedad de la víctima a un precio inferior al de mercado.
LOS ACUSADOS HABRÍAN AMPARADO EN UN PODER NOTARIAL
Para llevar a cabo estas acciones, los investigados se habrían amparado en un poder notarial de administración patrimonial, según explica la Guardia Civil que, en colaboración con la Hacienda Foral de Navarra, recabó información sobre gastos e impuestos y deudas y recaudación ejecutiva tras lo que pudo acreditar que los investigados incumplieron gravemente las obligaciones de administración fiduciaria, beneficiándose personalmente del patrimonio de la víctima.
Al tener la capacidad y la facultad para administrar el patrimonio de la víctima, la conducta de estas personas, según señala, infringe las facultades de administración, extralimitándose en el ejercicio de las facultades de disposición sobre ese patrimonio, sin la diligencia y lealtad que se exige, causándole además un grave perjuicio económico.
Actualmente, la gestión de los bienes de la víctima ha sido encomendada a una fundación pública navarra de apoyo a personas con discapacidad, para garantizar así la protección de su patrimonio.
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