Acusan al Govern de blindar por la vía rápida el decreto que elimina el catalán en sanidad

El PSIB y MÉS per Mallorca han subrayado que el Govern busca evitar que caiga el decreto ley que elimina el requisito del catalán en la sanidad y que por ello han presentado una enmienda en este sentido a la ley de vivienda.

"Están preocupados de que no esté suficientemente sustantivado y por eso lo llevan como enmienda", ha considerado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha agregado que "muy seguros de haberlo hecho bien no están".

En esta línea se ha pronunciado el portavoz socialista, Iago Negueruela, en su rueda de prensa, señalando que "lo que están buscando es evitar que el decreto ley pueda caer por razón de urgencia".

El socialista ha relacionado esta cuestión con la "guerra" de presupuestos en la que Vox, a su juicio, "está intentando ganar" a la presidenta del Govern, Marga Prohens. "Lo que está haciendo Vox es demostrar que la presidenta no tiene palabra, que puede traicionar su palabra", ha dicho.

ENMIENDAS DE LOS GRUPOS

Igualmente, en sendas ruedas de prensa, MÉS y PSIB han expuesto las enmiendas que han presentado a la ley de vivienda para revertir las cuestiones que consideran más graves de la norma.

Así, entre otras cuestiones, los ecosoberanistas proponen proteger a los más vulnerables, cambiando las ayudas al alquiler sustituyéndolas por desgravaciones fiscales universales y automáticas, así como con una prestación universal a las personas que esperan una vivienda de protección oficial y cumplen con los requisitos.

De su lado, los socialistas reclaman que si se reclasifica suelo que solo se pueda hacer para viviendas de protección oficial no para "esta supuesta vivienda protegida de precio limitado que se ha inventado el PP".

Asimismo, ambos grupos reclaman la declaración de Baleares como zona tensionada y que se limite el precio del alquiler.

MÉS PER MENORCA

Més per Menorca ha propuesto blindar la vivienda de protección oficial "ante el ataque de PP y Vox" que, según ha subrayado "representa una amenaza directa al modelo territorial, al equilibrio ambiental y al derecho a una vivienda digna".

Los menorquinistas han presentado una batería de enmiendas al la ley de vivienda que se tramita en el Parlament, que "abre la puerta a una expansión urbanística acelerada y desvinculada de cualquier planificación urbanística".

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha denunciado que "este decreto es un ataque frontal al autogobierno municipal, al derecho a la vivienda y a la sostenibilidad de nuestras islas", y ha remarcado que "se ha hecho a medida de los grandes promotores inmobiliarios que quieren construir sin límites y sin ningún tipo de control".

Una de las principales preocupaciones del partido es que el decreto sólo exige que un 50 por ciento de las viviendas sean de precio limitado (VPL), una figura que, según Castells, "es prácticamente un fraude, porque se trata de viviendas con precios igual de elevados que los del mercado".

Para garantizar un "acceso real" a la vivienda, Més per Menorca propone que al menos un 30 por ciento sean VPO, además del porcentaje de HPL que establece el decreto.

La formación también reivindica "el respeto absoluto a la planificación urbanística vigente de cada municipio, elaborada con criterios técnicos, participativos y democráticos". Permitir proyectos residenciales estratégicos al margen de esta planificación supone, según Castells, "convertir el territorio en un negocio a medida de los promotores y hacer todo lo contrario de lo que el PP dice defender cuando habla de seguridad jurídica".

Finalmente, el partido menorquinista ha rechazado "rotundamente" la posibilidad de autorizar proyectos residenciales estratégicos en suelo rústico, como prevé el acuerdo entre el PP y Vox. "Edificar en rústico es traicionar el modelo territorial de la isla y poner en peligro su identidad y su futuro. Además, todavía hay suelo urbanizable pendiente de desarrollar", ha añadido.

Més per Menorca ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" para detener un decreto que califican de "grave error estratégico y social". Castells ha concluido que "este decreto no responde a las necesidades de la ciudadanía, sino a los intereses de unos pocos. "Nosotros no nos cansaremos de defender un modelo territorial justo, sostenible y equilibrado", ha zanjado.