La UE aplaza la votación sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego
España propone una aplicación por fases desde 2027 y se compromete a asumir un coste estimado de 132 millones de euros
cronicabalear.es | Mallorca, 27 de Mayo de 2025 | 14:01h
Los países de la Unión Europea decidieron este martes aplazar la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias, debido a la falta de unanimidad entre los Veintisiete. Según confirmaron diversas fuentes diplomáticas, persisten dudas legales, financieras y políticas que impidieron avanzar en la decisión.
Una decena de países solicitó expresamente que se retirase la votación del orden del día, en línea con lo que había planteado el propio Gobierno español. Finalmente, Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea y que tiene la responsabilidad de moderar los debates, optó por posponer la cuestión a una fecha futura.
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FINLANDIA ADELANTÓ QUE NO HABRÍA VOTACIÓN
El ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, ya había anticipado a su llegada al Consejo de Asuntos Generales de la UE que no esperaba que se llegase a votar. “Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura”, declaró ante los medios.
Strand subrayó que deben tomarse “muy seriamente” las “dudas legales” manifestadas verbalmente por los servicios jurídicos del Consejo de la UE. En concreto, estas dudas se centran en la adecuación de la propuesta con el artículo 55 del Tratado de Lisboa, que regula las lenguas originarias en las que están redactados los documentos fundacionales de la Unión.
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SOLO DOS PAÍSES ESTABAN DISPUESTOS A APOYAR LA INICIATIVA
Entre los ministros que comparecieron ante la prensa, solo Dinamarca y Eslovenia manifestaron abiertamente que habrían votado a favor de la petición española en caso de haberse mantenido en el orden del día. En las semanas previas a la reunión, el Gobierno español intensificó sus contactos con diversas capitales europeas para intentar recabar apoyos. Como parte de esta estrategia, introdujo cambios en su propuesta inicial con el objetivo de reducir las reticencias entre los socios comunitarios.
Entre los compromisos asumidos por España, figura que la traducción de la legislación comunitaria al catalán, euskera y gallego se realizaría de forma progresiva a partir del año 2027. El plan comenzaría por la traducción de los reglamentos adoptados desde 2017, dejando para fases posteriores otros documentos normativos, como las directivas.
Además, el Gobierno español insistió en que asumiría íntegramente el coste económico derivado de la oficialidad de estas lenguas. Según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada en la experiencia con el gaélico, la traducción de la legislación comunitaria a catalán, euskera y gallego tendría un coste de aproximadamente 132 millones de euros.
