Rechazan que los guardias civiles deban atender en catalán en Baleares

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, ha rechazado la exigencia impulsada por Sumar de que los agentes de la Benemérita realicen la atención al ciudadano en catalán en Baleares.

En nota de prensa, Jucil ha manifestado su profunda preocupación y rechazo ante la nueva exigencia impulsada por Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de que los guardias civiles atiendan al ciudadano en catalán en Baleares.

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil considera que esta medida "antepone la cuestión lingüística a la seguridad ciudadana", lo cual, en su opinión, podría suponer "un grave perjuicio para la operatividad de la Benemérita en el archipiélago".

Según Jucil, los guardias civiles destinados en las islas mediterráneas ya cumplen con los requisitos que requiere el Ministerio del Interior a través de la Dirección General para ocupar destino en la región insular.

Por tanto, ha considerado que esta "imposición idiomática", según sus palabras, y la amenaza de sanciones a los efectivos ya destinados allí "restringirán significativamente el interés de los agentes por solicitar destino en Baleares y", además, "empujarán a muchos a marcharse, agravando aún más la ya precaria situación de falta de personal que sufre la Guardia Civil en la zona".

Por otro lado, la asociación ha recordado que "Baleares no es un destino prioritario para los efectivos" de la Guardia Civil "debido al elevado coste de vida, al que no pueden hacer frente con sus retribuciones actuales", según ha apuntado. Una circunstancia a la cual, ha advertido, se le suma la falta de reposición de los agentes jubilados o trasladados, "afectando gravemente a puestos principales que carecen de oficiales y suboficiales suficientes, como es el caso especialmente preocupante del aeropuerto de Son Sant Joan, el más transitado de España en verano", ha destacado.

AVISAN QUE "LA FALTA DE PERSONAL CRÓNICA EN BALEARES SE AGUDIZA"

No obstante, ha advertido Jucil, la situación se podría agravar aún más tras la reclamación de Sumar al Gobierno, del cual forma parte, de considerar como "infracción muy grave" que la Guardia Civil no atienda a los ciudadanos de Baleares en catalán, "lo que podría acarrear hasta seis años de suspensión de empleo para los agentes".

Para la asociación, esta medida "evidencia una clara priorización de la política lingüística por encima de la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos", especialmente en una comunidad autónoma que ya adolece de "una alarmante falta de medios humanos y materiales" para cubrir sus múltiples funciones.

En este sentido, Jucil ha alertado que la necesidad de cubrir vacantes en Baleares es apremiante para atender a su población habitual. Pues, según ha apuntado, solo en la escala básica se contabilizan 376 vacantes, de las cuales 241 en Mallorca, 90 en Ibiza, 43 en Menorca y 24 en Formentera. Estas cifras no incluyen los diferentes puestos de la cadena de mando, lo que evidencia "una carencia de personal aún mayor en todos los niveles".

La asociación también ha advertido sobre cómo influye esta "falta de efectivos" en la "preocupante" tendencia al alza de los índices de criminalidad en Baleares. En 2024, la criminalidad aumentó un 2,4% en el archipiélago, con más de 80.300 delitos registrados, mientras que la media nacional descendió un 0,3%. Para la asociación, este dato muestra la necesidad "urgente" de reforzar la seguridad en la región, en lugar de "imponer trabas que dificulten la llegada y permanencia de agentes", como haría, en su opinión, la exigencia de Sumar.

Para Jucil, esta decisión "supondría una amenaza y un paso más para la futura desaparición de la Benemérita", ya que a su parecer pondría "en riesgo" las numerosas funciones que desempeña la Guardia Civil en Baleares, que van desde la seguridad ciudadana hasta la vigilancia de costas, fronteras, aeropuertos y carreteras, el control del tráfico y la protección de edificios e instalaciones públicas.