Denuncian la venta de viviendas ocupadas a pequeños propietarios para agilizar desahucios en Baleares
El Sindicat de l'Habitatge alerta sobre el modelo especulativo que desplaza a los inquilinos
Redacción | Mallorca, 09 de Mayo de 2025 | 10:48h

El Sindicat de l'Habitatge de Palma ha denunciado públicamente una práctica cada vez más frecuente en Baleares: la venta de viviendas ocupadas por parte de bancos y grandes tenedores a pequeños propietarios a precios por debajo del valor de mercado. Según alertan, el objetivo principal de esta estrategia es agilizar los procesos de desahucio de las personas que actualmente habitan esos inmuebles.
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MECANISMOS LEGALES PARA DESALOJAR A FAMILIAS
Según el comunicado del colectivo, estos nuevos propietarios pueden beneficiarse de mecanismos legales más rápidos para desalojar a los inquilinos, mecanismos que no están disponibles para los grandes tenedores como fondos buitre o entidades bancarias.
Desde el sindicato subrayan que no se trata de una cuestión económica, sino de una decisión política y estratégica: “No es una cuestión de pérdidas económicas porque estos grandes propietarios no acceden a ofrecer alquileres sociales a las familias que ya habitan esas viviendas”.
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LA AMBIGÜEDAD LEGAL DEL "PEQUEÑO PROPIETARIO"
Para la organización, esta situación refleja claramente el componente político que tiene la lucha por el acceso a la vivienda. “Es una pugna de poder entre capital y clase trabajadora por el control de los espacios necesarios para vivir”, aseguran en su nota.
Desde el Sindicat de l'Habitatge se insiste en que esta tendencia forma parte de un modelo especulativo que desplaza a las familias vulnerables y transforma el derecho a la vivienda en un activo para la inversión.
Otro aspecto que denuncian es la ambigüedad legal que rodea la figura del "pequeño propietario", ya que actualmente se considera como tal a quienes poseen hasta 10 inmuebles. Esta clasificación, según la organización, permite a algunos especuladores eludir la normativa a través de la división de propiedades entre familiares. “El sistema actual facilita este tipo de fraudes y enmascara prácticas especulativas bajo una apariencia de legalidad”, advierten desde el sindicato.