El Parlament convalida el decreto turístico que reactiva el intercambio de plazas pese al rechazo total de la izquierda

El pleno del Parlament balear ha convalidado este martes el decreto ley turístico, pactado entre PP y Vox, con 33 votos a favor. La izquierda ha rechazado totalmente el texto, denunciando que implica un incremento de plazas turísticas, algo que el Govern ha negado reiteradamente.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha defendido la aprobación del decreto afirmando que es fruto de una "escucha profunda, un trabajo intenso y un diálogo real". Según ha explicado Bauzà, el objetivo no es frenar el turismo, sino "corregir rumbos".

El decreto, oficialmente llamado "de medidas contra la oferta ilegal, medidas transitorias para la oferta y por la calidad turística de Baleares", evita explícitamente el término contención. Entre las principales medidas incluye la reactivación del intercambio de plazas turísticas, aunque el conseller ha reiterado varias veces que esto no significa aumentar el número total de plazas disponibles.

"Lo repito, porque se ha dicho lo contrario con mucha ligereza: no supone la creación de ni una plaza más; quien diga lo contrario o no ha leído la norma o pretende confundir deliberadamente", ha subrayado.

LEVANTAMIENTO TEMPORAL DE LA MORATORIA

El decreto contempla la prohibición de nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares en todo el archipiélago balear. Para las plazas ya existentes que renuevan su licencia (trámite obligatorio cada cinco años), se elevan las exigencias de calidad. Asimismo, se levanta temporalmente la moratoria de plazas turísticas, a la espera de que los consells insulares determinen sus respectivos techos.

Además, el decreto incluye un aumento del 25% en las sanciones contra la oferta turística ilegal, alcanzando multas de hasta 500.000 euros. También se establece la corresponsabilidad de las plataformas digitales, una medida "clave y pionera", según Bauzà. El conseller ha justificado la figura del decreto ley por la necesidad de dar una "respuesta urgente que no podía esperar más".

CRÍTICAS DEL PP A LA HERENCIA DEL PSIB-PSOE

La diputada popular María Salomé Cabrera ha defendido el decreto, destacando que es prioritario adoptar medidas que permitan "una buena convivencia entre residentes y visitantes". Cabrera ha reprochado al PSIB-PSOE el "crecimiento de 115.000 plazas turísticas" y el "descontrol de la oferta ilegal".

A juicio de Cabrera, durante los ocho años anteriores de Govern socialista se produjeron "cero medidas de reconversión". Por eso, ha dicho, "es necesario gestionar, contener y volver a los criterios de calidad y excelencia".

VOX REIVINDICA SU INFLUENCIA EN EL DECRETO

La diputada de Vox Manuela Cañadas ha reivindicado con fuerza el papel decisivo de su partido en el decreto turístico. Según ha afirmado, el texto original contenía "medidas intervencionistas, restricciones encubiertas y una subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)", elementos que fueron modificados gracias a su formación. "Gracias a Vox, el turismo no solo se defiende, sino que se protege, se impulsa y se respeta", ha subrayado Cañadas, quien ha celebrado que el decreto finalmente no incluya "la corriente turismofóbica de la izquierda".

Cañadas ha puesto en valor especialmente que no se produzca el incremento del ITS inicialmente anunciado por el Govern y que se hayan dotado más recursos a la inspección contra la oferta turística ilegal.

LA IZQUIERDA RECHAZA FRONTALMENTE EL DECRETO

Toda la izquierda parlamentaria ha votado en contra del decreto ley, asegurando que el texto convalidado implica "crecer en plazas turísticas" y que no son medidas "valientes". El socialista Iago Negueruela ha acusado al Govern de haber "jugado a hacer creer a la gente que se iba a hacer lo prometido", criticando duramente que la norma finalmente aprobada no incluye "lo que dijo Prohens hace siete meses". "Solo son capaces de construir falacias y trabajar para unos cuantos concretos", ha añadido.

"Bauzà dice que no quiere una política de titulares; dígaselo a la presidenta, que lleva siete meses haciéndolo", ha reprochado Negueruela, quien ha lamentado que el conseller pactara exclusivamente con Vox, retirando del texto original "la moratoria, la reducción de plazas en reformas, la posibilidad de extinguir 90.000 plazas y el 2x1 para decrecer". "Todo lo que había de valiente lo han quitado", ha añadido.

MÉS Y PODEMOS DENUNCIAN MASIFICACIÓN Y GENTRIFICACIÓN

Lluís Apesteguia, diputado de MÉS per Mallorca, ha criticado duramente el decreto, señalando que consolidará "más de 100.000 plazas adquiridas con excepción y sin acudir a la bolsa" que debían desaparecer, y que ahora se podrán comercializar libremente. También ha rechazado una disposición adicional "hecha específicamente para permitir seguir gentrificando esta tierra", refiriéndose a las 500 plazas permitidas en edificios con protección patrimonial. "No puede decir que no tuvo manos tendidas para negociar según qué aspectos; lo que han hecho es elegir a sus socios", ha denunciado Apesteguia.

Por su parte, Josep Castells, diputado de Més per Menorca, ha asegurado que no existe ninguna circunstancia de "urgente y extraordinaria necesidad" que justifique el uso del decreto ley. "Se tapan los ojos y continúan adelante con este modelo que consolida la masificación", ha alertado Castells.

Finalmente, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha lamentado que las nuevas medidas provocarán la pérdida de "muchísimas plazas residenciales" por su conversión en turísticas, generando "plusvalías a personas concretas".

"Gente que no había pagado un euro por su futura plaza de alquiler turístico, ahora resulta que ya puede intercambiar y cobrar", ha criticado Gómez, acusando al Govern de favorecer estos beneficios particulares con el nuevo decreto.