Investigan a un funcionario de prisión por facilitar un móvil a Ana Julia Quezada a cambio de favores sexuales

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila investiga a un funcionario de la prisión de Brieva (Ávila) por haber facilitado a Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018, un teléfono móvil a cambio de sexo.

El funcionario está investigado por un delito de cohecho mientras que el Juzgado sigue practicando diligencias para determinar si existen más implicados en los hechos denunciados, según ha informado el TSJCyL.

De hecho, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha explicado que son dos los trabajadores del centro penitenciario que investigan la Guardia Civil al haber proporcionado supuestamente un "trato de favor" a Ana Julia Quezada, "a cambio de recibir favores sexuales" por parte de la condenada.

Galeano ha informado en un audio remitido a los medios de comunicación después de la información que ha adelantado el diario El País de que los investigados por la Guardia Civil son un funcionario de esta prisión de mujeres y un empleado como personal laboral. Ninguno trabaja ya en la cárcel.

UNO DE ELLOS YA SE HA JUBILADO

Fuentes cercanas a la investigación han explicado que el trabajador laboral, que ejercía como cocinero, se ha jubilado, mientras que el funcionario, que había solicitado la jubilación anticipada sin que le haya sido concedida al estar inmerso en este proceso, se encuentra de baja.

Las mismas fuentes han señalado que Ana Julia Quezada habría prestado declaración ante el juez la semana pasada.

Su declaración se produjo a raíz de la investigación iniciada hace casi un año, a raíz de que la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, denunciara públicamente que la asesina de su hijo disponía de un teléfono que utilizaba para realizar entrevistas con el objetivo de realizar un documental en torno al asesinato su hijo hace siete años en el municipio almeriense de Níjar.

A raíz de esa investigación tras la denuncia de la madre, dos trabajadores del centro penitenciario de Brieva han sido investigados por la Guardia Civil de Ávila por "la presunta comisión de un delito de cohecho", según Galeano.

Una vez finalizada la fase de investigación y la toma de declaraciones a los implicados y los testigos -internas, funcionarios y personal laboral-, el instituto armado entregó las diligencias al juzgado, que "ahora es quien debe marcar las actuaciones a realizar", recuerda el subdelegado.

Por el momento, el juzgado solo investiga a uno de estos dos hombres.

La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha convocado una rueda de prensa para mañana miércoles en la que denunciará lo que considera situación de "desamparo y desprotección institucional y judicial".

En la comparecencia, Ramírez tiene previsto abordar también lo que cree una "vulneración de derechos" en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia Quezada, autora del asesinato de su hijo, y que podrían haber afectado a la integridad moral de la familia.