Intervenidos 7.200 huevos en Baleares por fraude en el peso
El Govern detecta irregularidades en el etiquetado tras una inspección y advierte de posibles sanciones de hasta 15.000 euros
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 01 de Mayo de 2025 | 11:02h
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha intervenido una partida de 7.200 huevos procedentes de la Península por un presunto fraude en el peso (calibración). La inspección, llevada a cabo por el Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, se realizó a un distribuidor agroalimentario local.
Durante el control se constató que los huevos no cumplían con las características que figuraban en el etiquetado. En concreto, el 54% de los huevos de la partida tenía un peso inferior a los 73 gramos, que es el mínimo legal establecido para esa categoría. La normativa solo permite un margen de error del 5% en la calibración, por lo que el lote incumplía claramente los requisitos.
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UN AGRAVIO PARA EL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DESLEAL
Según ha explicado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, esta intervención forma parte de los controles rutinarios que realiza el Govern, especialmente sobre productos que llegan desde fuera del archipiélago. “Este tipo de infracciones suponen un agravio para el consumidor y una forma de competencia desleal para los operadores agroalimentarios locales”, ha denunciado.
El conseller ha subrayado que el sector agroalimentario balear reclama más controles sobre los productos importados para garantizar que todos los operadores cumplan la normativa vigente. “Una de las principales demandas que nos hace el sector es que controlemos los productos que vienen de fuera del archipiélago porque deben cumplir la normativa”, ha indicado.
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CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN PARA PROTEGER AL CONSUMIDOR
Por su parte, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha anunciado que el Govern continuará realizando campañas de control enfocadas en asegurar el cumplimiento de las normas de comercialización. Estas acciones tienen como finalidad “defender y proteger los intereses legítimos de los agentes del sector y de los consumidores”, ha asegurado Llabrés.
Desde la Conselleria se ha recordado que el incumplimiento de la normativa de calidad agroalimentaria puede derivar en sanciones administrativas. En los casos más graves, estas sanciones pueden oscilar entre los 3.000 y los 15.000 euros, o incluso alcanzar hasta cinco veces el valor del producto intervenido, dependiendo de la infracción cometida.
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