El GOB acusa al Govern de condenar Palma a la sequía por construir 20.000 viviendas y amenaza con denunciarles a la UE
La entidad ecologista acusa al Ejecutivo de vulnerar la ley con un urbanismo “temerario” que pondría en jaque los acuíferos y la sostenibilidad de la ciudad
cronicabalear.es | Mallorca, 30 de Abril de 2025 | 21:44h
La organización ecologista GOB ha criticado duramente al Govern balear por aprobar el decreto ley 3/2025, de proyectos residenciales estratégicos, sin tener en cuenta la capacidad hídrica real de Palma. Según advierten, el crecimiento urbanístico que plantea el Ejecutivo balear es incompatible con los recursos hídricos disponibles en la ciudad y podría vulnerar la legislación española y europea.
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DENUNCIAN UN CRECIMIENTO URBANÍSTICO INADAPTADO A LA DISPONIBILIDAD DE AGUA
En un comunicado, el GOB ha acusado al Govern de “ignorar” la exigencia legal de adecuar el crecimiento urbanístico a la disponibilidad real de agua. La entidad alerta de que Palma “no tiene agua” para asumir la construcción de 20.000 nuevas viviendas y no descarta denunciar esta situación ante los tribunales del Estado y de la Unión Europea.
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La organización ha advertido que aprobar este aumento de edificabilidad vía decreto ley, sin las “tramitaciones pertinentes” de instrumentos urbanísticos ni estudios de impacto previos, puede provocar “problemas graves” relacionados con la gestión de recursos hídricos, la carencia de servicios básicos por el incremento poblacional, la movilidad y una densificación urbana sin planificación adecuada.
INFORMES ADVIRTIERON DE LA FALTA DE AGUA EN PALMA
En los últimos días, ha trascendido nueva información sobre la falta de disponibilidad de agua para los desarrollos urbanísticos proyectados en Palma. El GOB ha recordado un informe de la Dirección General de Recursos Hídricos elaborado con motivo de la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2023, donde ya se señalaba la “no disponibilidad de agua” para las fases finales del crecimiento previsto.
“Construir de golpe 20.000 viviendas más es una temeridad por parte del Ayuntamiento y el Govern”, ha sentenciado el GOB. La entidad remarca que la situación hídrica de Palma es “muy grave” debido a la sobreexplotación de los acuíferos, algunos de los cuales ya superan los límites legales de extracción y se encuentran en estado crítico.
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INTRUSIÓN MARINA Y DEPENDENCIA DE LA DESALACIÓN
La organización ecologista también ha señalado la intrusión marina como consecuencia de la sobreexplotación, lo que podría hacer “imposible” la recuperación de los acuíferos afectados. A esto se suma una creciente dependencia de la desalación, una alternativa que, según el GOB, genera un “alto impacto energético y de emisiones de CO2”.
Desde su punto de vista, el Govern está promoviendo un crecimiento “a la carta de los intereses inversores”, sin tener en cuenta la capacidad ecológica del territorio. Para el GOB, esto supone una vulneración del principio de gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos, lo que “hipoteca el futuro y destruye la resiliencia ambiental de la ciudad”.
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ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS Y VULNERACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA
La entidad ha recordado que la aplicación del decreto ley agrava el incumplimiento actual del Plan Hidrológico, que establece un máximo del 80 % en la explotación de acuíferos. Actualmente, el acuífero de la Vileta se encuentra al 112 % y el del Pont d’Inca al 94 %, cifras que, según el GOB, demuestran la gravedad de la situación.
Además, la aprobación del decreto ley incumpliría la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, concretamente el artículo 4, que prohíbe el deterioro de las masas de agua. El GOB afirma que los acuíferos de Palma ya presentan un estado químico y cuantitativo deteriorado por la sobreexplotación y la salinización, y que esta situación podría agravarse de forma irreversible.
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También se estaría incumpliendo el artículo 11 de la misma directiva, al no haberse adoptado un plan de gestión integrada, sostenible y preventiva del agua que garantice su buen estado antes de 2027, como exige la normativa europea.
Por todo ello, el GOB ha solicitado al Govern balear que se le remitan los informes técnicos, especialmente los de suficiencia hídrica, que “por sentido común” deberían haber acompañado la aprobación de un decreto ley con estas implicaciones medioambientales.
