Cirer acusa a la oposición de "mentir" y niega que el decreto de vivienda suprima VPO

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha acusado este martes, durante el pleno del Parlament, a la izquierda de "mentir" y ha negado que el decreto de vivienda suprima viviendas de protección oficial (VPO).

Cirer se ha pronunciado de este modo, esta jornada, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, a la que ha asegurado que con el decreto de vivienda se "garantiza que un 50 por ciento de la edificabilidad de los proyectos residenciales estratégicos se destine a vivienda sometida a algún régimen de protección público". Por tanto, ha añadido la consellera, "cuando dicen que no existirán VPO mienten, una vez más, no se sabe con qué intencionalidad", por que "esta medida en Palma supondrá más de 10.000 viviendas en régimen de protección", lo cual para esta consellera y para todo el equipo de gobierno "es una buena medida".

Además, Cirer ha mencionado la convocatoria de ayudas en materia de vivienda para personas vulnerables, o entidades del tercer sector, que está preparando la Conselleria. Según ha explicado la consellera, "se trata de una convocatoria que tiene como beneficiarios directos a las entidades del tercer sector, pensando de una forma especial en personas vulnerables dentro de itinerarios específicos de la entidad, para darles una solución habitacional". Cirer ha confiado en que esta convocatoria, "prevista para 2025-2026 y que está en fase de redacción, pueda salir a partir de mediados del mes de junio".

Por su parte, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha reprochado al Govern su decreto ley de vivienda, ya que, a su juicio, éste "en la práctica supondrá eliminar las viviendas de protección oficial, que hasta ahora tenían reservado un 30% del suelo, puesto que no habrá ningún promotor que prefiera hacer vivienda pública protegida si puede hacer vivienda a precio limitado". En esta línea, Gomila ha transmitido a la consellera de Familias y Asuntos Sociales que "se tendría que preocupar para que todas las personas vulnerables tengan acceso a una vivienda asequible".

TIEMPO DE ESPERA PARA EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

Por otro lado, la consellera Catalina Cirer ha respondido a una pregunta del diputado socialista Omar Lamin, quien ha criticado que "desde que gobierna Prohens se ha duplicado el tiempo de espera para obtener un certificado de discapacidad hasta los 16 meses".

Cirer ha explicado durante el pleno de esta jornada, "sin querer aludir responsabilidad", y "asumiendo que hay que mejorar la gestión", que se ha producido "un gran cambio normativo en la valoración de la discapacidad". En concreto, la consellera se ha referido al "decreto 888 de 2022 de 30 de octubre, que entró en vigor en mayo de 2023", que "cambió totalmente los baremos a aplicar en la valoración de la discapacidad y obligó a formar a todo el personal".

Según la consellera esto fue lo que provocó que "en los meses siguientes apenas se hicieran resoluciones" y, "si se tiene en cuenta que la entrada de solicitudes de valoración es de unas 1.000 mensuales", pues "en pocos meses se hizo una bola considerable que aumentó el número de expedientes que ya había en las listas de espera".

Finalmente, Cirer ha reconocido que "si bien la situación actual no es la deseable, durante 2024 se ha resuelto al mismo ritmo que llegaban las solicitudes, por tanto el problema está en la cantidad de expedientes atrasados de antes". Por ello, ha considerado que "hay que continuar implementado planes de choque y nuevas medidas que reduzcan unas listas de espera que no son admisibles". "Desde este Govern se dedicarán todos los esfuerzos que hagan falta, si los hechos hasta ahora no han sido suficientes", ha subrayado.

Por su parte, el diputado socialista Omar Lamin ha lamentado la "tendencia" de la consellera de "excusarse en aquello que sabe que es absolutamente una mentira" y le ha reprochado que "para hacer frente a esta bola de la que habla, anunciara un plan de choque para reducir las listas de espera que no daba ni para un PowerPoint", ya que "lejos de reforzar los servicios, pensaron que una buena medida sería desmantelar los servicios de valoración de Inca y Manacor y enviar a la gente, durante supuestamente dos meses de verano, que finalmente se extendieron a ocho meses, hasta febrero de este año, a Palma".

Este plan de choque del Govern ha sido por tanto para el socialista lo que "ha dado como resultado la bola de la que ha hablado, más gente y más tiempo de espera", pues "todavía están citando a gente pendiente del mes de octubre de 2023", mientras "Manacor sin médico, Palma y el resto de servicios colapsados". De modo que, según el diputado, "pueden seguir excusándose pero la gente lo que ve es a un Govern totalmente superado por la realidad, incapaz de gestionar y que no hace lo suficiente".