Admite haber robado 415.000 euros a una empresa de Mallorca y evita la cárcel

El acusado de quedarse con más de 400.000 euros de una empresa de Mallorca a la que asesoraba ha reconocido los hechos que se le imputaban y ha aceptado una pena de dos años de prisión, que sin embargo no deberá cumplir al habérsele suspendido la ejecución de la pena.

Las partes han llegado la mañana de este viernes a un acuerdo de conformidad, por lo que el juicio que estaba previsto celebrarse en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma no ha llegado a celebrarse.

El acusado, para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente cinco años de cárcel como supuesto autor de delitos de estafa agravada y falsedad en documento privado, había abonado antes de la vista cerca de 320.000 euros de la indemnización que se le solicitaba.

Por ello y por la apreciación de las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, la fiscal ha rebajado su petición a dos años de privación de libertad, que ha sido conformada tanto por la acusación particular como por la defensa.

También han aceptado suspender la ejecución de la pena al carecer el acusado de antecedentes penales bajo el requisito de que no vuelva a delinquir en un plazo de tres años.

Asimismo, deberá abonar 20.000 euros en concepto de costas, 15.000 por el daño reputacional sufrido por la víctima y algo más de 1.000 euros de multa. Además, deberá hacer entrega de 95.071 euros de la indemnización que están pendientes de consignar a la empresa perjudicada.

Según expone la representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos sucedieron entre 2016 y 2020, cuando el procesado presentó ante la Agencia Tributaria las declaraciones de impuesto de sociedades e IVA de una sociedad mallorquina a la que asesoraba.

Dada la confianza entre las partes, el encausado abonaba los importes por su cuenta y después giraba un recibo a nombre de su asesoría.

Sin embargo, el acusado pagaba a Hacienda cantidades notablemente inferiores a las abonadas por su cliente, falsificando la documentación y quedándose así con la diferencia entre lo que pagaba al fisco y lo que cobraba a la sociedad perjudicada.

De este modo, el hombre llegó a apropiarse de 415.000 euros correspondientes al IVA de 2016 a 2020 y al impuesto de sociedades del 2020. La empresa perjudicada ha tenido que hacer frente a los impagos ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación con recargos de hasta 288.000 euros.