El Gobierno da marcha atrás: los parados no tendrán que hacer la renta en 2024

El Gobierno ha decidido posponer hasta 2026 la obligación de presentar la declaración del IRPF a quienes perciben prestaciones por desempleo. Así lo han confirmado fuentes gubernamentales, que indican que la medida, contemplada en un principio para el ejercicio fiscal de 2024 (a declarar en 2025), no se aplicará este año. La instrucción publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aclara expresamente que los beneficiarios del paro no estarán obligados a realizar la declaración de la renta correspondiente a 2024 durante la próxima campaña fiscal.

RAZONES DEL APLAZAMIENTO

El motivo principal del aplazamiento está relacionado con la entrada en vigor tardía de la normativa. Aunque estaba previsto que esta nueva exigencia comenzara a aplicarse desde el 1 de enero de 2024, el Real Decreto-Ley que la contempla no se aprobó hasta el 21 de mayo y entró en vigor oficialmente el 1 de noviembre de ese mismo año. Esto significa que no hubo una obligación fiscal durante la mayor parte del ejercicio y, por tanto, no sería coherente exigir la declaración de esas rentas con carácter retroactivo.

Esta decisión evita que los beneficiarios se enfrenten a sanciones por no presentar la declaración en 2025, y garantiza que no pierdan el derecho a sus prestaciones por incumplimientos administrativos que no estaban claramente establecidos desde el inicio del ejercicio.

LO QUE ESTABLECE EL REAL DECRETO-LEY

El Real Decreto-Ley aprobado el 21 de mayo de 2024 forma parte de un paquete de medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo para reformar la protección asistencial por desempleo. Esta norma fue inicialmente rechazada en enero por la formación política Podemos, pero finalmente aprobada tras un nuevo acuerdo con concesiones específicas. El texto legal incluye reformas relevantes, como:

• Un sistema de subsidio por desempleo escalonado por tramos, que sustituye el pago fijo de 480 euros mensuales.
  
• La ampliación del colectivo de personas beneficiarias.
  
• La posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con ingresos laborales.
  

Además, se introdujo la obligación de declarar anualmente las prestaciones del paro en el IRPF, con efecto inicial previsto para 2025, ahora postergado a 2026.

¿QUIÉNES DEBERÁN DECLARAR EN 2025?

Durante la campaña de la renta de 2025, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024, los perceptores del paro no tendrán obligación de presentar la declaración si no superan los umbrales habituales fijados por la normativa fiscal. Específicamente, no están obligados quienes:

• Perciban menos de 22.000 euros anuales procedentes de un solo pagador.
  
• Obtengan menos de 15.000 euros anuales en caso de tener dos o más pagadores, siempre que el segundo pagador no haya abonado más de 1.500 euros anuales.
  

Por el contrario, sí estarán obligados a declarar en todos los casos:

• Los trabajadores autónomos, sin importar su nivel de ingresos.
  
• Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), quienes además deben presentar la declaración como parte del control de requisitos de la ayuda.
  

NOVEDADES FISCALES PARA LA CAMPAÑA DE LA RENTA 2024

Una de las principales novedades para esta campaña es el aumento del umbral de ingresos mínimos que obliga a declarar, que se eleva hasta 15.876 euros anuales. Este nuevo límite se alinea con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado para 2024, fijado en 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Además, la reducción fiscal por rendimientos netos del trabajo se ha elevado de 6.498 euros a 7.302 euros para los contribuyentes con ingresos por debajo de 19.747,5 euros anuales, según confirma la Agencia Tributaria. Esta medida busca beneficiar a los trabajadores con rentas más bajas y aliviar su carga fiscal.

PERSPECTIVAS PARA 2026

A partir del ejercicio fiscal de 2025, cuya declaración se realizará en 2026, la nueva obligación tributaria será efectiva. Todos los perceptores del desempleo, independientemente de sus ingresos, deberán presentar la declaración del IRPF, una medida que el Gobierno justifica como parte de una política de transparencia y control de ayudas públicas.

Para facilitar el cumplimiento de esta nueva normativa, el SEPE y la Agencia Tributaria han anunciado que desarrollarán campañas informativas específicas y reforzarán la atención telemática y presencial para los contribuyentes afectados.