Una denuncia de discriminación lingüística en un colegio de Palma destapa una subcontratación sin autorización

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto un expediente sancionador a la empresa adjudicataria del comedor escolar del CEIP Pintor Joan Miró de Palma tras constatar que había subcontratado el servicio de monitores sin tener autorización para ello.

Así lo explicó este martes el conseller Antoni Vera durante el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien le consultó sobre un presunto caso de discriminación lingüística en el centro.

SUBCONTRATACIÓN IRREGULAR DEL SERVICIO DE MONITORES

Vera detalló que, tras la publicación en un medio digital de una noticia que afirmaba que los monitores del comedor tenían prohibido dirigirse en castellano a los alumnos, la Conselleria inició una investigación interna para esclarecer los hechos.

"Para nuestra sorpresa, descubrimos que la empresa tenía subcontratada a una segunda empresa, que era la que llevaba a cabo el servicio de monitores", explicó el conseller. Esta subcontratación no estaba contemplada en el contrato, por lo que se considera una irregularidad administrativa. Por este motivo, se ha procedido a la apertura de un expediente para depurar responsabilidades.

VOX EXIGE UNA POSICIÓN CLARA SOBRE EL USO DEL CASTELLANO

A pesar de que celebró la posibilidad de sancionar a la empresa, el diputado de Vox reprochó a Vera no haber respondido a su pregunta sobre el supuesto veto al uso del castellano. "Porque aquí solo caben tres posibilidades: que no tiene criterio, que sería grave; que no comparte el nuestro, que sería muy grave; o que comparte el de esta gente, señalando a la izquierda, lo cual sería gravísimo", afirmó Rodríguez. También denunció que “poner por escrito que a un niño no se le puede hablar en una de las dos lenguas de la comunidad” representa una forma evidente de segregación.

Rodríguez criticó que no se puede justificar esta situación apelando a la autonomía de los centros educativos, ya que esta no puede estar "por encima de la Constitución y de los derechos humanos", según sus palabras.

EL CONTRATO EXIGÍA A2 DE CATALÁN, PERO NO REGULABA EL USO DE LENGUAS

En su defensa, Vera aclaró que el pliego de prescripciones técnicas del contrato no establece ninguna restricción lingüística más allá de que los monitores deban contar con un nivel A2 de catalán y que los documentos deben estar disponibles en ambas lenguas oficiales.

Además, señaló que la subcontratación irregular dificultó que la Conselleria pudiera detectar este tipo de situaciones anómalas de forma directa. No obstante, aseguró que en el CEIP Pintor Joan Miró “nunca se ha detectado un problema de convivencia lingüística”.

El conseller concluyó su intervención reafirmando la postura del Ejecutivo balear en materia educativa: "Este Govern y esta Conselleria siempre han defendido la vehicularidad de las dos lenguas en el ámbito educativo. Continuamos defendiendo el bilingüismo con absoluta normalidad".