El Gobierno reconoce la situación "muy compleja” de Baleares en el reparto de menores inmigrantes

La directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio de Juventud e Infancia, Sandra Gómez de Garmendia, ha defendido este jueves los criterios de reparto de menores inmigrantes y se ha referido a la situación "muy compleja" de Baleares.

Ha sido en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, en la que Gómez de Garmendia ha respondido que los criterios "no se hacen con una perspectiva de dónde gobierna nadie, sino que son criterios consensuados".

Así, ha incidido en que con los criterios para el reparto de inmigrantes no han "inventado la rueda", ya que son criterios que "estaban aprobados desde la Conferencia Sectorial desde el 2022": "Son criterios de población, son criterios de renta, son criterios de tasa de desempleo, son criterios de dispersión, son criterios aprobados por unanimidad en la Conferencia Sectorial".

También ha defendido que son criterios "avalados académicamente". "Quizás la novedad son dos criterios, que son el criterio frontera y el criterio de insularidad, precisamente porque consideramos que hay zonas, como Melilla o Baleares, que están en una situación frontera muy compleja", ha señalado.

La postura del Ministerio es que los menores no acompañados son un grupo "especialmente vulnerable" y, como tal y para enmarcarse dentro del derecho internacional, considera que "deben poder acceder a la protección internacional de manera prioritaria".

ESTUDIO DE VIOLENCIA INFANTIL

Por otra parte, la directora general ha avanzado que las cifras del estudio de prevalencia de la violencia infantil, que previsiblemente publicará antes de verano, "van a ser muy malas".

"Las cifras van a ser malas, muy malas, existe muchísima violencia contra la infancia en este país", ha advertido la directora general de derechos de la Infancia y la Adolescencia, Sandra Gómez de Garmendia, en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados.

Gómez de Garmendia ha explicado que el estudio de prevalencia de la infancia en España "no va desencaminado" de lo que estima el Consejo de Europa, que apunta que "uno de cada cinco niños y niñas pueda sufrir algún tipo de abuso o agresión sexual antes de los 18 años".

Con este estudio, el Ministerio, según ha señalado, quiere ponerse "al día" porque el Estado "tiene que tener las cifras y también para tener una idea de todas las violencias".

Para la elaboración de este estudio, se han hecho unas 10.000 encuestas a jóvenes de 18 a 30 años sobre su recuerdo de las violencias que sufrieron en la infancia.

"Queremos sacar próximamente el estudio de prevalencia en la infancia, los datos los tenemos pero los estamos tratando todavía. Será un estudio que salga previsiblemente antes del verano", ha recalcado Gómez de Garmendia.

SOLICITAR EL IMV A PARTIR DE LOS 18 AÑOS Y NO DE LOS 23 AÑOS

Por otro lado, la directora general de derechos de la Infancia y la Adolescencia ha destacado que una cuestión que "preocupa" al Ministerio es que el Ingreso Mínimo Vital se pueda solicitar a partir de los 23 años.

"No entendemos esto. Para nosotras, como Ministerio, se debería poder solicitar a partir de los 18 años. De momento no está así. La importancia de que el ingreso mínimo vital lo puedan solicitar ya desde los 18 y no esperar a los 23. No entendemos esta desigualdad", ha lamentado.

Para dar un "buen seguimiento" al dinero de la Garantía Infantil Europea, el Ministerio quiere crear una Comisión Interministerial, en la que ya están trabajando y que podría ver la luz dentro de dos meses. "El objetivo es claro, crear una interministerial de la Garantía Infantil Europea donde estén todos los ministerios implicados", ha dicho.

Sobre el proyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales aprobado esta semana en Consejo de Ministros, ha celebrado que se tratad en proyecto "pionero" y que "era necesario".

"Se ha hecho con el espíritu de que la esfera digital no sea la ley de la selva y sobre todo también por la necesidad de regular al sector y la modificación en el Código Penal para que se pueda contemplar en él los delitos de ciberbullying, que se pueda contemplar también en el Código Penal una utilización delictiva de la Inteligencia Artificial", ha concluido.