Alertan de la paralización de las solicitudes de jubilación parcial en Baleares

El sindicato CSIF ha alertado sobre la intención de diversas empresas públicas y administraciones de Baleares de paralizar las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral, funcionario y estatutario antes del 1 de abril de 2025.

Según CSIF, estas administraciones y empresas se están amparando en una "interpretación restrictiva" de la normativa vigente sobre la compatibilidad de la jubilación parcial con el acceso a la ocupación pública. En un comunicado, el sindicato destacó que la medida anunciada el pasado lunes por el Ministerio de Función Pública, que busca favorecer la jubilación parcial y anticipada, resulta "insuficiente", ya que deja fuera a los funcionarios y estatutarios.

ENTRADA EN VIGOR DE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS

El 1 de abril de 2025 es la fecha de entrada en vigor de los cambios en la Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores sobre la jubilación parcial, lo que ha generado incertidumbre en las administraciones. CSIF subrayó que, a pesar de que la jubilación parcial se ha aplicado de forma regular en el sector público durante los últimos años, la nueva regulación pone en riesgo la continuidad de este derecho.

El sindicato ha denunciado que diversas administraciones y empresas públicas, tanto en el ámbito autonómico como local, ya han manifestado que paralizarán las solicitudes de jubilación parcial bajo contrato de relevo, lo que afecta negativamente a los derechos de los empleados públicos.

CSIF ha exigido una regulación inmediata para asegurar este derecho tanto para funcionarios, estatutarios y personal laboral. En caso de que la paralización continúe, el sindicato pondrá a disposición de sus afiliados sus servicios jurídicos para defender este derecho.

Finalmente, la organización sindical ha pedido instrucciones claras para el personal laboral sobre cómo compatibilizar la contratación fija y a tiempo completo de los relevistas con los requisitos exigidos para el acceso a la ocupación pública. Esta nueva legislación ha creado dudas en las administraciones sobre su correcta aplicación.