El Ayuntamiento de Palma prevé demoler las construcciones ilegales en Son Banya "en breve"

El Ayuntamiento de Palma espera finalizar en un plazo breve los trámites administrativos necesarios para proceder a la demolición de las construcciones irregulares en el poblado de Son Banya.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, lo ha confirmado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita a las obras de la futura 'escoleta' de Son Dameto. "Está prevista una actuación para retirar y demoler todas las construcciones ilegales que se han hecho sobre suelo público", ha declarado Martínez, quien ha reconocido que aún están a la espera de completar los trámites administrativos.

"Desgraciadamente, el Ayuntamiento tiene que combatir la delincuencia con leyes, con normas, con trámites administrativos. Me gustaría que fuera mucho más rápido, pero no duden de que, tan pronto como se pueda, se hará la actuación", ha insistido. Preguntado por un posible plazo para la resolución de los trámites, el alcalde se ha limitado a decir que estarán listos "en breve".

CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Martínez también ha sido cuestionado sobre el aumento de asentamientos irregulares en la ciudad, una situación que ha reconocido como preocupante y sobre la que, ha reprochado, en los últimos mandatos "se ha mirado hacia otro lado".

"Yo no he venido a mirar hacia otro lado", ha asegurado el alcalde, quien se ha comprometido a exponer toda la información posible sobre estos asentamientos de manera "transparente", para que las administraciones "sean conscientes de que necesitamos soluciones para cada una de las casuísticas".

En este sentido, ha señalado que las soluciones deben abordarse según la naturaleza de cada caso, ya sea "el tema de caravanas, la antigua prisión o cualquier persona vulnerable que necesite de los servicios sociales de cualquiera de las administraciones".

DESALOJO DE LA ANTIGUA PRISIÓN DE PALMA

El alcalde también se ha referido al desalojo de la antigua prisión de Palma, donde la pasada semana se comunicó a sus ocupantes que tenían un plazo de diez días para abandonar el recinto. "No acaba ningún plazo, no lo he dicho ni lo diré. Lo que acaba es un plazo administrativo de comunicación de que es un lugar en el que no pueden estar las personas que están", ha aclarado.

Según ha explicado, el Ayuntamiento está gestionando las diferentes situaciones de los ocupantes del edificio para encontrarles una solución. "Es lo que haremos con responsabilidad y con todas las administraciones y organizaciones involucradas y preocupadas por este tema. Entre todos buscaremos las soluciones necesarias", ha destacado. El Consistorio, ha insistido, ha notificado a los moradores que se encuentran en un lugar "en el que no se puede vivir" debido al riesgo para su seguridad.

En cuanto al futuro de la antigua prisión, ha señalado que en ese espacio se prevé la construcción de una rotonda como parte de un proyecto de movilidad, además de otro plan de vivienda, por lo que era necesario iniciar los procesos administrativos para recuperar el terreno.