La izquierda lleva al Constitucional la ley balear que amnistía obras ilegales en rústico

Denuncian un "ataque sin precedentes" al territorio de Baleares y alertan de la posible legalización masiva de viviendas fuera de ordenación

cronicabalear.es | Mallorca, 13 de Marzo de 2025 | 13:31h

Los diputados nacionales de PSOE, Sumar Més y Podemos, Pepe Mercadal, Vicenç Vidal y Martina Velarde, respectivamente.

Los diputados nacionales de PSOE, Sumar Més y Podemos, Pepe Mercadal, Vicenç Vidal y Martina Velarde, han presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de simplificación administrativa y las legalizaciones en suelo rústico derivadas de esta normativa. El socialista Pepe Mercadal ha calificado la ley como "el ataque más grave en décadas al territorio de Baleares", según han señalado en un comunicado los partidos impulsores del recurso.

UNA INICIATIVA RESPALDADA POR 50 DIPUTADOS Y NUMEROSAS ENTIDADES

El recurso ha sido impulsado desde Baleares con el aval de 50 diputados de PSIB, Podemos y Sumar Més, y cuenta con el respaldo de MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Sumar y Unidas Podemos.

Además, la iniciativa ha sido apoyada por una treintena de entidades sociales y ecologistas, entre ellas:

  • GOB Mallorca y GOB Menorca
  • Amics de la Terra
  • Pla de Mallorca XXI
  • Fundació Iniciatives del Mediterrani
  • Obra Cultural Balear
  • Federació d'Associació de Veïns i Veïnes de Palma
  • Col·lectiu Alternatives
  • CCOO y STEI-Sindical

DENUNCIAN UNA “AGRESIÓN AMBIENTAL SIN PRECEDENTES”

Las formaciones políticas y entidades que presentan el recurso consideran que la ley de simplificación administrativa representa "el mayor ataque al suelo rústico" de Baleares, al facilitar la legalización de viviendas fuera de ordenación.

Según argumentan, la norma supone una “agresión ambiental sin precedentes” y ha sido rechazada desde su inicio por los grupos parlamentarios de izquierda. El recurso se basa en dos grandes bloques que, según sus impulsores, vulneran la Constitución:

  • Legalización general de inmuebles y usos irregulares: consideran que la norma permite la regularización masiva de edificaciones fuera de ordenación sin los debidos controles.
  • Silencio positivo: denuncian que este mecanismo facilita aún más la legalización de construcciones en suelo rústico, incluso si no cumplen con los requisitos legales.

Además, los recurrentes alertan sobre la posibilidad de que las viviendas legalizadas puedan ser destinadas al alquiler turístico, lo que agravaría el problema de acceso a la vivienda en Baleares. El Tribunal Constitucional deberá ahora admitir a trámite el recurso y analizar los argumentos presentados contra la normativa.

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