El TSJIB avala el desalojo del Club Marítimo Molinar y rechaza su recurso contra la Autoridad Portuaria

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha desestimado el recurso presentado por el Club Marítimo Molinar de Levante (CMML) contra la resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que revocaba su autorización de ocupación temporal y ordenaba el desalojo de sus instalaciones en la dársena del Caló d'en Rigo.

La sentencia, fechada el 24 de enero de este año, rechaza todas las alegaciones del CMML, incluyendo la supuesta desviación de poder y arbitrariedad por parte de la APB. Según ha explicado la Autoridad Portuaria en un comunicado, la decisión del tribunal reafirma que la entidad actuó dentro de sus competencias.

UNA OCUPACIÓN QUE SE PROLONGÓ MÁS ALLÁ DEL PERMISO

Los hechos se remontan a 2019, cuando el Club Marítimo Molinar de Levante se negó a abandonar el espacio tras la extinción de sus derechos de ocupación. En su fallo, el TSJIB subraya que el CMML aceptó la autorización de ocupación en marzo de 2019 con conocimiento de su carácter temporal y de las cláusulas que permitían su revocación unilateral.

El tribunal también menciona una sentencia anterior, de junio de 2023, que ya ratificaba la legalidad de la paralización de la actividad del restaurante del Club.

MOTIVOS PARA EL DESALOJO

La resolución del TSJIB justifica el desalojo por la necesidad de ejecutar obras en la zona portuaria. Inspecciones previas revelaron el estado deficiente de los muelles y el edificio social, lo que motivó la intervención de la APB.

El tribunal también desestima la supuesta vulneración de los principios de transparencia, objetividad y confianza legítima, argumentando que la actuación de la Autoridad Portuaria fue conforme a la legalidad y al interés público.

CONFLICTO ENTRE EL CLUB Y LA AUTORIDAD PORTUARIA

Desde febrero de 2019, la APB y el CMML entraron en conflicto debido a la negativa del Club a desalojar sus instalaciones. La APB había informado a la entidad de la extinción de sus derechos de ocupación y le solicitó trasladar sus embarcaciones al Portitxol para dar inicio a las obras.

El Club pidió una prórroga, alegando retrasos en la entrega de llaves y autorizaciones por parte de la APB, aunque esta última lo desmintió. En mayo de ese mismo año, agentes de la Policía Portuaria ordenaron el cese de actividades en el restaurante y la sede social, prohibiendo el acceso a sus instalaciones.

SOLICITUD DE DESAHUCIO ADMINISTRATIVO

A pesar de la orden de desalojo, el Club Marítimo Molinar anunció su intención de continuar operando hasta recibir una resolución judicial que determinara su salida definitiva.

Ante esta situación, en octubre de 2019 la APB solicitó al TSJIB un desahucio administrativo para asegurar la liberación del espacio. Finalmente, el fallo del tribunal ratifica la posición de la Autoridad Portuaria y avala la necesidad de desalojar las instalaciones para proceder con las obras.