La Policía Local de Palma da diez días a los okupas de la antigua prisión para abandonar el inmueble

La Policía Local de Palma está desplegando desde primera hora de este miércoles un operativo en la antigua prisión de la ciudad y se ha dado a los moradores diez días para abandonarla.

De momento, se desconoce el alcance y objetivo del dispositivo, aunque podría tener relación con la situación de las cerca de 200 personas que residen en el inmueble, que sufre graves daños estructurales.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que se ha entregado a los moradores una notificación en la que se les insta a abandonar el inmueble en un plazo de diez días.

El primer edil ha añadido que el Consistorio está "dando los pasos" para recuperar la propiedad, que permanece okupada desde hace una década y sobre la cual hay varios proyectos pendientes, tanto de movilidad como residencial. "No cerramos los ojos ante ninguna situación", ha señalado.

El alcalde se ha mostrado inflexible ante los ataques a la convivencia y a la seguridad, incluso de los propios moradores, dado que sobre el inmueble constan informes sobre los daños estructurales que sufre.

METGES RECHAZA LA ACTUACIÓN

La organización Metges del Món, por su parte, ha rechazado la actuación llevada a cabo este miércoles por la Policía Local y han trasladado que las mujeres que atienden han mostrado su "preocupación" en relación a la intervención. "Nos expresan desesperanza, miedo, inseguridad. Se sienten criminalizadas cuando su situación de exclusión residencial y social no es voluntaria", han indicado.

Según la ONG, en la situación de precariedad que viven estas personas, la actuación de la Policía Local les estigmatiza aún más.

La persona que lleva más tiempo viviendo en la antigua prisión lo hace desde hace unos 30 años, aunque la media de residencia en el espacio es de uno 3 años. Además, hay personas que llevan poco tiempo en el lugar no por el efecto llamada, sino por la situación de exclusión residencial y el alto coste de la vivienda.

Además, Metges del Món ha subrayado que no todas las personas que residen allí son consumidoras o personas en exclusión social crónica, sino que hay un nuevo perfil de sinhogarismo más joven que se ve abocado a encontrar soluciones alternativas para su integridad física y mental.

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL

El tema ha sido tratado en la reunión del Consell Social Municipal, que estaba programa para este miércoles, y en la que, según Metges del Món, la edil del área, Lourdes Roca, ha expresado su desconocimiento sobre este procedimiento y ha dicho que desde su área se solicitó a Seguridad Ciudadana que se realizara un censo para poder establecer planes de acción individuales antes del desalojo, que se tendrá que ejecutar en junio, momento en que comenzará la demolición de parte del complejo dentro de un proyecto de movilidad en colaboración y coordinación con el Consell de Mallorca.

La ONG ha insistido, con el apoyo de grupos políticos de la oposición y otras entidades del tercer sector, en la no criminalización de las personas sin hogar y en la necesidad urgente de organizar grupos de trabajo interinstitucional y con las entidades especializadas para realizar un plan adecuado donde se ponga a las personas en el centro.

Desde el Consistorio, según Metges del Món, se han mostrado partidarios de crear una mesa de coordinación interinstitucional con la participación de las diferentes entidades y grupos políticos. Se ha previsto una nueva reunión para la próxima semana.

NOTIFICACIÓN

La Policía Local de Palma ha entregado a los moradores de la antigua prisión un documento que indica que las personas identificadas en las actas están ocupando de manera ilegítima un bien de titularidad municipal, por lo que se les insta al cese en la ocupación de forma voluntaria y para lo cual se les concede un plazo de 10 días naturales.

En caso de incumplimiento, el documento especifica que se iniciará un procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad posesoria y, en caso de resistencia al desalojo, se adoptarán "cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien".

También continúa explicando que se impondrán multas coercitivas de hasta un 5% del valor de los bienes ocupados, así como que en caso de desobediencia o resistencia a la autoridad, las sanciones van de los 601 a los 30.000 euros.